Sobre la vigencia de la pena de muerte

Profesionales del Derecho, opinaron sobre la vigencia de la pena de muerte

A partir de una estimación coincidente sobre la ineficiencia de la pena de muerte como instrumento para contener el delito, y de calificar de inconstitucional la Ley 21.338, que prescribe esa medida extrema, dos profesionales del Derecho opinaron sobre las implicancias jurídicas en el caso de los “asesinos del Itaembé Miní”.
El doctor Ricardo Biazzi, ex juez Penal, catedrático y estudioso de las constituciones, y el doctor Luís Alberto Absi, abogado y especialista en Derecho Penal, consultados por El Territorio, comentaron el caso y llegaron a interesantes conclusiones.

No a la pena de muerte

Al entrar en consideraciones sobre la situación de los procesados, doctor Biazzi se mostró contrario a la aplicación de medidas extremas como recurso para controlar o solucionar el problema de la delincuencia”. Por otra parte -sostuvo-, “está científicamente comprobado que el aumento de las sanciones penales no hace disminuir la actividad delictiva”. De todos modos- continuó- esta situación debe ser analizada desde un punto de vista más global”.
Y agregó con tono reflexivo: “O sea, determinar cuáles son las causas que engendran delincuencia en una sociedad y frente al fenómeno ya dado, cuál es la estructura jurídica montada por esa sociedad para restablecer el equilibrio que producen los hechos delictivos”.
Porque ocurre que cuanto mayor es el índice de marginalidad socioeconómica de grandes sectores de la población respecto al poder político, cuando las desigualdades de las distintas clases que integran la sociedad son manifiestas y existe un gran nivel de frustración colectiva, la delincuencia alcanza cifras alarmantes”, remarcó.
Pero la solución para ese problema no es, reitero , la mayor severidad de las sanciones, ni la pena de muerte de la que soy contrario- si no que es necesario que la sociedad revise su propia estructura para determinar cuales son las causas de esos males”, añadió.

Sentimiento insatisfecho

En este caso en particular- afirmó el profesional- creo que las reacciones de la gente, de los ciudadanos, están dadas en principio por lo dezlenable del hecho en sí, y luego por un sentimiento de justicia insatisfecho, influenciado directa o indirectamente por los desbordes de todo tipo que se producen desde el poder político; por la inseguridad creada ante el recrudecimiento de las actividades represivas y una disminución, o por lo menos no un esfuerzo idéntico en cuanto a las medidas preventivas, y su consiguiente incidencia en el campo de lo psicológico”.
“La Justicia, desde el punto de vista funcional -consideró- debe dar respuestas válidas, que tiendan a encauzar y afianzar el sentimiento hacia ella por parte de la población, para evitar que la aspiración de sancionar a los delincuentes se canalice a través de actos reprobables – como el que ocurrió hace poco frente a un juzgado- o se confunda con el sentimiento de venganza”.
Biazzi estimó que una de tales respuestas estribaría en permitir un mayor acceso de la población a las informaciones vinculadas con las causas en trámite de juzgamiento. “En ese sentido -acotó- pienso que se debe implantar el sistema del juicio oral, público y contradictorio que, por lo demás, está contemplado por la Constitución provincial”.
“Este sistema favorece la celeridad y la eficacia en la administración de justicia, y permite un contacto más directo por parte de la población con los procesos que se ventilan, su mecánica, y las trabas e inconvenientes que se tienen en la tarea judicial para llegar al descubrimiento de la verdad y a la sentencia”, concluyó.

Inconstitucionalidad manifiesta”

Por su parte, el doctor Absi estimó que “la Ley 21.338 -que prescribe la pena de muerte para algunos delitos- es manifiestamente inconstitucional.”. Sobre el caso de los asesinos del Itaembé – mini”, el profesional señaló que no conocía las instancias del proceso pero que, de ser ciertas las informaciones divulgadas por la prensa, “podría corresponderles la pena de prisión perpetúa, con más los más las accesorias del artículo 52 del Código Penal, que establece reclusión por tiempo indeterminado.La pena de muerte, como medio para combatir la delincuencia es absolutamente ineficaz -agregó-. Además esta ley ha sido dictada para un fin específico, que fue la de combatir, en su momento, a la subversión y establece que será aplicada a todos aquellos que mataren a un miembro de los poderes del Estado, de las fuerzas armadas o de seguridad, y eso produce una molesta desigualdad ante la ley, contrariando la letra y espíritu del artículo 16 de la Constitución Nacional. Porque yo no me atrevería a sostener –subrayó- que la vida de un funcionario del Gobierno o de un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad, valga más que la de un catedrático universitario o de una maestra de frontera”.

Restablecer el orden jurídico

A otras consultas relacionadas con la repercusión pública de los delitos cometidos por los “asesinos del Itaembé Miní”, el doctor Absi dijo que no le correspondía analizar la situación desde la óptica sociológica. Señaló, en cambio, que “se debe restablecer el orden jurídico, el estado de derecho, a fin de poder buscar solucione en el plano socioeconómico que permitan revertir la existencia en el seno de la sociedad de los factores que generan delitos y delincuentes”. “Por lo demás – concluyó- y haciendo abstracción de la ley a la que me he referido, las penas establecidas en el Código Penal para este tipo de delitos son suficientemente severas como para pensar en un castigo justo”.

(Publicado en El Territorio el 13/02/1983)
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