Sistema Carcelario en la Provincia de Misiones

Hemos de coincidir, si somos capaces de admitir nuestros defectos y sacarlos a relucir a la luz del sol, que el tema de nuestras cárceles o instituciones penitenciarias no escapa ala crisis que pareciera embretar desde distintos ángulos a nuestra sociedad.
¿Cuáles son los síntomas de dicha crisis o desajuste en cuanto a las prisiones en nuestra Provincia? Creo que son dos las notas esenciales que caracterizan la situación: la superpoblación y la promiscuidad coexistentes en los establecimientos de seguridad que alojan a personas privadas de sus libertad por al comisión de ilícitos penales. Tanto las Alcaidías (varones y mujeres) como la Subalcaldía de Posadas, los establecimientos penitenciarios del interior, la Alcaidía de Menores de Villa Lanús, así como las Comisarías de Oberá y Eldorado (cabeceras de las dos Circunscripciones Judiciales del interior de la Provincia), alojan permanente un número de personas significativamente mayor del que podrían recibir conforme al espacio físico y a las condiciones elementales de alojamiento que estas instituciones pueden ofrecer en circunstancias normales. Baste aquí un solo ejemplo revelador. La Alcaidía de Prevenidos de Posadas, con una capacidad máxima de alojamiento de 64 personas, alberga en la actualidad a 110 personas. Si a este dato meramente numérico que señala la sobrecarga que soportan nuestras prisiones, se le agrega el de la promiscuidad o hacinamiento en que se en que se encuentran quienes en ellas están alojados, la cuestión se torna más delicada aún.
La primera evidencia de esa promiscuidad está dada por la convivencia en un mismo establecimiento -a veces en un mismo pabellón e incluso en una misma celda- de procesados y condenados. Esta situación genera una grave y primera distorsión que impide, por un lado, la correcta aplicación de tratamientos criminológicos para lograr la reinserción social del condenado y que, por otro, importa someter al procesado a un régimen de prisión no siempre acorde con su status jurídico- constitucional de inocencia.

Proceso penal
A esta primera imposibilidad material de diferenciar la institución destinada a retener al presunto delincuente durante el proceso penal de aquella que debiera estar destinada a la ejecución de las penas privativas de libertad ya impuesta por sentencia, se suman -en la práctica- nuevas imposibilidades, tales como la de efectuar otras subdivisiones menores dentro de la población alojada como por ejemplo, la indispensable separación de los internos según la naturaleza y gravedad de los hechos que se les recrimina, así como por sus antecedentes personales, pues resulta, a todas luces, perniciosa la convivencia -como lo señala García Basalo- “de quienes son portadores de una elevada peligrosidad social y de graves perversiones morales con quienes poseen aún ponderables reservas morales que hay que proteger y apuntalar”. En el interior de nuestra provincia comparte un mismo calabozo contraventores, imputados, procesados, mayores y menores. No existen institutos especiales para la internación de menores, ya sean éstos imputados, procesados o condenados y si se ordena su alojamiento desde alguna de las dos Circunscripciones Judiciales del interior en el único establecimiento especial a tal fin – la Alcaidía de Menores de Villa Lanús- se los aleja de su familia y del juez interviniente.
Si a todos estos inconvenientes detectados se les agrega la concurrencia de otros factores de incidencia negativa tales como el normal crecimiento poblacional que registra la provincia, la aceleración de la complejidad de la vida social y los nuevos factores criminógenos que puede preverse aparecerán en un futuro no muy lejano este panorama crítico se agudiza más aún.Ante esta situación, ¿Qué alternativa válida puede considerarse con miras a revertirla?. Es imposible encontrar un respuesta única. Son varios y concurrentes los factores que debieran activarse para subsanar este estado de cosas. Los resortes a tal fin tampoco están en una sola mano. Son los órganos del Estado Nacional, del Estado Provincial e incluso los particulares quienes pueden efectuar aportes válidos dentro de las esferas de sus competencias en aras de una correcta modificación de los medios tanto legales, instrumentales como de infraestructura. Y es -precisamente- en materia de infraestructura donde, tal vez, deba hacerse hincapié inicialmente para cumplimentar los mandatos constitucionales. El artículo 15 de nuestra Ley Fundamental provincial es claro y terminante: “Las cárceles de la Provincia serán sanas, limpias y adecuadas para facilitar la readaptación social de los detenidos, presos o reclusos. Bajo estas mismas condiciones, la Provincia creará institutos especiales para menores y mujeres, y establecimientos para encausados y contraventores. Ninguna detención o arresto se hará en cárceles de penados sino en locales destinados a ese objeto”.

Privación de la libertad
Pero desde ya conviene aclarar que ni aún con modificaciones sustanciales en materia de infraestructura que puedan, en parte, paliar la situación, ésta ha de quedar resuelta. El meollo de la cuestión está centrado en la propia privación de libertad como institución jurídica y en su análisis, aunque breve, es probable que encontremos las causas más profundas de estos males. En cuanto a la privación de libertad como sanción penal (que contrariamente a lo que pudiera suponerse no es tan antigua como otras sanciones penales), a pesar de existir algunas corrientes abolicionistas hoy aparece como impensable su supresión. No obstante ello se ha coincidido doctrinariamente en dos puntos básicos sobre la cuestión: a) La conveniencia y posibilidad de que, bajo determinadas condiciones se reemplace a las penas privativas de libertad por otras medidas penales. La tendencia criminológica actual -dice Kent- procura otorgar rápida y favorable respuesta a la adopción de medidas sustitutivas del encierro como un modo ventajoso de asegurar una serena reinserción. Ello, empero, se irá logrando en tanto se acompañen dichos procedimientos con el concurso de organismos de vigilancia y asistencia, único modo de materializar una tangible política de rehabilitación; b) Existe absoluta coincidencia en señalar la nocividad e ineficacia de las llamadas penas privativas de libertad de corta duración que plantean dificultades individuales y sociales reiteradamente denunciadas. Estas penas de corta duración importan someter al condenado al contagio criminal, al rechazo social, el desvinculamiento transitorio de su grupo familiar, el desamparo en que queda éste y generalmente a la pérdida de trabajo y hasta un endurecimiento sentimental del condenado. A todo esto debe sumarse la prácticamente nula posibilidad de rehabilitación o readaptación social ya que el tratamiento destinado a ese fin, en la mayoría de los casos, ni llega a comenzarse puesto que se ha agotado en prisión preventiva el tiempo de la condena impuesta. En síntesis, no se llega cumplimentar la finalidad política que nuestro sistema constitucional le asigna a la pena que, como bien se ha señalado, no puede quedar circunscripta a la mera prevención especial tendiente a hacer desaparecer la actitud delictiva en el sujeto, ni aún la prevención de tipo general ofreciendo el ejemplo del castigo, ni mucho menos a un objetivo expiatorio y que sí tiene como única mira la readaptación social del condenado mediante un régimen educativo y laboral que retorne útil y correctamente al hombre al goce de su libertad.
Las estadísticas señalan un alto índice en nuestro país y en nuestra provincia de penas privativas de libertad de corta duración (aquellas que llegan hasta los dos años de prisión).
Resta analizar el otro gran grupo de privados de libertad: los procesados. Su situación es probablemente más fácil de revertir en la provincia por cuanto los resortes en tal sentido gritan dentro de la órbita de las posibilidades de la propia provincia. No así en el tópico anterior ya que la privación de la libertad como sanción penal emana de la legislación federal.
En materia de encarcelamiento preventivo debe tratarse de circunscribir tal medida a los límites estrictamente necesarios y sólo para los casos en que la acción de la Justicia pueda verse entorpecida en cuanto al desarrollo de un proceso penal determinado y la consecuente realización del derecho sustantivo que éste pretende.
El abuso de la prisión o encarcelamiento preventivo puede tener su origen en dos factores primordialmente: a) Su imposición legal; y b) La prolongación indebida del encierro ante la falta de resolución judicial.
Este abuso de la prisión preventiva ya lo llevó a Carrara, en 1874, a señalar: “Las sociedades civiles deben estudiar los modos para conseguir que la punición corrija. Pero deberían además, estudiar los modos de impedir que la prevención corrompa”.
Una estadística difundida por Naciones Unidas, en 1975, nos muestra los elevados porcentajes de procesados -en relación a la población total de las cárceles- en los países de América Latina.
En Misiones el encierro preventivo por imposición legal podría morigerarse flexibilizándose el régimen de eximición de prisión y excarcelación de modo tal que se permita, por las características del imputado o procesado y por las modalidades del hecho que se le reprocha, disponer su libertad sin más limitación que la que impone la efectiva realización de los fines del proceso.

Falta de celeridad
Finalmente, con relación a la prolongación indebida del encierro ante la falta de resolución judicial, la situación –sin perjuicio de las especiales connotaciones de cada caso particular- puede atribuirse a la falta de celeridad de la administración de justicia la que, a su vez, está motivada, generalmente, en una insuficiente estructura del fuero penal para atender, el día a día, creciente volumen de causas tanto en número como en complejidad; la falta de distribución de tareas por especialidad dentro de dicho fuero; la carencia de recursos técnicos para el desarrollo para la labor judicial y algunos formalismos anacrónicos de la ley procesal que suelen agravar la morosidad del trámite.
En síntesis, si se circunscribiera a los límites indispensables el encarcelamiento, éste se cumpliera en lugares especiales destinados a tal fin y se incorporan servicios criminológicos para el estudio médico y psico social del procesado (que incluso permitieran al juez una mejor individualización de la sanción a imponer en la hipótesis condenatoria), podrían evitarse fenómenos como el de la reincidencia o la habitualidad delictiva que tan a menudo se presentan y permitiría, a su vez, cumplimentar el primer paso hacia la reinserción social del condenado que debiera comenzar precisamente en el establecimiento para procesados y continuar o culminar más allá de su propia condena brindándole asistencia post- institucional al liberado.
Ahora bien, las situaciones someramente planteadas hasta aquí reclaman la participación activa y creadora de todos (órganos del Estado, organizaciones sociales intermedias y particulares) en la búsquedas de definiciones adecuadas a estos problemas en mira a la ejecución de una política carcelaria y penitenciaria acorde con nuestras instituciones y con nuestra realidad. Y esto es así, por cuanto las cuestiones inherentes a la criminalidad y su tratamiento no pueden resultar ajenas a hombre alguno en la sociedad. Pero nada fácil resulta lograr esa deseada participación general. Es más, debemos luchar, incluso contra nuestras propias actitudes mentales frente al delito y el delincuente. Y ello de por sí, ya importa un desafío.

( *) Por Ricardo Biazzi,
ex juez en lo Criminal, Correccional y de Menores 4

Publicado en la Revista Justicia (Publicación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Misiones) en julio de 1982.

 

Scroll to Top