Resolución Judicial por tortura y muerte a detenido en Comisaría

Auto de Prisión Preventiva Causa “25 de Mayo” (Expte. 898/77. Extracto Res. 0ct.17 de 1978-Juzgado Penal Nº 1-sec Nº1, 2da. Circunscripción Judicial)

En los fundamentos de la prisión preventiva decretada en octubre de 1978, el Juez Biazzi señala que el detenido “habría sido sometido, mediante el proceder de una comisión policial, a aberrantes vejaciones, apremios ilegales y tormentos durante el trámite de su detención, en su posterior traslado hacia la Comisaría y dentro de esta dependencia, hasta causarle una muerte cruel. En efecto, el día 5 de noviembre de 1977 en Pindaytí, ya en horas de la noche, la dotación policial habría procedido a la detención de la víctima, esposándola con los brazos hacia atrás y comenzando a ejecutar actos mortificantes destinados a producirle un padecimiento innecesario”. “Que al arribar a la Comisaría el sórdido accionar de la dotación policial no habría cesado, sino por el contrario se acrecienta, aumentando el sufrimiento, favorecido por el lugar y el total estado de indefensión de la víctima”.

Sostiene el Juez interviniente que “el suceso investigado habría llegado a su culminación en la tarde del domingo 6 de noviembre de 1977, con la producción de una serie de hechos de significativa crueldad y excesiva perversidad hacia la persona del detenido, que concluyen en la noche de tal jornada con el fallecimiento de éste como consecuencia de: herida contusa en pierna derecha; grandes esquimosis en la piel de la cara anterior de la piel del torax; escoriacíón en el cuero cabelludo, en su región occipital, con tumoración de contenido líquido; hematoma en cuero cabelludo; fractura del cuerpo del esternón, en hemitorax derecho, con fractura de la quinta, sexta, séptima, octava con doble fractura, novena y décima costilla; fractura en hemitoral izquierdo con fractura de quinta, sexta, séptima con doble fractura, octava, novena, décima y undécima costilla; heridas todas éstas que modificaron sustancialmente la dinámica cordiorespiratoria, creando una disinergia respiratoria que lo lleva a la anoxia”. “Producido el resultado fatal, el Jefe de la Comisaría habría recurrido en busca de un médico, quien procedió a examinar el cadáver del detenido extendiendo el certificado respectivo, haciendo constar que el deceso se produjo por un edema pulmonar agudo, sin mencionar lesión o esquimosis alguna de las verificables en el cuerpo de la víctima”.

“Con posterioridad al suceso criminoso -continúa el Juez- los imputados habrían desarrollado una serie de actividades destinadas a silenciar u ocultar el ilícito perpetrado, entre las que se pueden detallar: búsqueda de los familiares; la entrega del cadáver en un ataud cerrado, sin permitir que éste sea visto por los mismos; los irregulares trámites efectuados por ante el Registro de la Personas y la Municipalidad local para asentar la defunción e inhumar el cadáver; la compra del cajón al sepulturero de la localidad; la orden de ejecución de la fosa para el entierro y el traslado en el vehículo de la repartición del ataud al cementerio”.

Consecuencia de todo ello, el Juez Biazzi decreta la prisión preventiva por homicidio calificado por ensañamiento, contra los seis coautores del hecho principal, desplazando la figura de apremios ilegales con muerte resultante hacia la figura más severamente penada del homicio calificado. Entre otras consideraciones, sostiene que “la muerte dolosa causada mediante tormentos ha de adecuarse comunmente a alguno de los incisos del homicidio calificado del art. 80, penado con reclusión o prisión perpétua. El propósito reconocido de la disposición que analizamos fue el de hacer objeto de severo tratamiento penal a los torturadores. Sería entonces un error considerar abarcados por el tercer párrafo del art. 144 ter las muertes dolosas causadas mediante tormentos, porque de este modo los autores resultarían favorecidos con la aplicación de una escala menor, reducida respecto a los homicidios agravados. “El ensañamiento -finaliza- no surge del número y gravedad de las heridas que el victimario infiere a la víctima, sino de las sevicias con que actúa el homicida, prolongando la agonía de la víctima para gozar bestialmente con su lento dolor”.

Aemás, en virtud de los graves hechos, sus calificaciones legles y por razones de seguridad, el Juez ordena el alojamiento de todos ellos en la Cárcel  de la ciudad de Oberá, medida cuestionada por los defensores de los imputados, quienes pretendieron que los mismos permanecieran alojados en el Cuerpo de Bomberos de dicha localidad. El Juez Biazzi rechazó los recursos interpuestos mediante nueva resolución y ratificó su decisión, advirtiendo que no correspondía hacer un trato preferencial ni efectuar “distingos artificiosamente”. “Es obligatorio para el juez -señala en su pronunciamiento- determinar con la prisión el lugar donde ésta ha de cumplirse, quedando a su arbitrio la determinación del mismo, no existiendo normas que contemplen situaciones excepcionales sobre el particular. La Constitución instaura la igualdad de jurisdicción e igualdad de régimen procesal”

 Ver:

 Serán sentenciados en breve ex policías que torturaron y dieron muerte a un detenido

El Territorio, Domingo 10 de julio de 1983

Modifican condena a policías que torturaron y dieron muerte a un detenido en 25 de Mayo

El Territorio, Martes 24 de julio de 1984

 

 

 

 

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