Expresiones en la Convención Constituyente.

Reglamento Interno de la Convención

Debate de los dictámenes de mayoría y minoría de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento.

7ª Reunión – 1ª Sesión Ordinaria (Continuación)
6 de junio de 1994

Presidencia: doctor Eduardo Menem
Vicepresidencia: señor Alberto Reinaldo Pierri
Secretario Parlamentario: doctor Edgardo R. Piuzzi
Secretario Administrativo: doctor Juan Estrada
Secretario de Coordinación Operativa: doctor Luis A. J. Brasesco

Sr. PRESIDENTE.— Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Misiones.
La Presidencia le hace notar que ya se consumieron cinco minutos del tiempo del que dispone para hacer uso de la palabra.

Sr. BIAZZI.— Señor presidente: mi intervención va a ser muy breve, ya que sólo quiero expresar mi punto de vista sobre los despachos de comisión que estamos tratando.
Pero deseo hacer una consideración preliminar, que me va a introducir en el tema del reglamento, como consecuencia de algunas aseveraciones que se han formulado acerca de la prolongación de este debate, que en opinión de algunos señores convencionales ha sido indebida.
En ese sentido, en una de las últimas intervenciones del viernes pasado, el señor convencional Battagión, del partido Demócrata de Mendoza, cuestionó la extensión de este debate. Fue muy duro en sus apreciaciones, porque dijo que de esa manera esta Convención mostraba su inoperancia al dilapidar horas por el camino del conflicto y del acuerdo, transmitiendo así un mensaje poco alentador a la sociedad.

Por lo tanto, deseo expresar mi respetuosa discrepancia con la opinión sustentada por el señor convencional, que fue reiterada por algunos otros integrantes de este Honorable Cuerpo, tal como lo acaba de hacer la señora convencional Roulet, al decir que entendía que era excesiva la extensión de este debate.

De hecho lo es a la luz de los resultados que mencionó el señor convencional que integra el partido Demócrata de Mendoza; es decir que el resultado puede ser magro si no encontramos ese vector resultante del que él nos hablaba en la búsqueda de un consenso acerca del propio Reglamento. Pero de modo alguno creo que este debate haya sido en vano, aun transitando ya su segunda semana de deliberaciones. Por el contrario, considero que esta discusión ha sido sumamente fructífera y enriquecedora, y creo que lo seguirá siendo para todos nosotros. Digo esto no tanto desde la perspectiva del tratamiento intrínseco del proyecto de reglamento que podamos estar intentando aprobar sino desde las perspectivas y las cosmovisiones que a partir de este largo debate cada uno de nosotros pueda contar en su haber para la discusión de los temas de fondo de la reforma, que es para lo que estamos convocados cada uno de los convencionales que integran este Honorable Cuerpo.

Entiendo que después de diez días de discusión nadie se siente igual que en el momento en el que se iniciaron las deliberaciones. En ese sentido, así como muchas de nuestras certezas habrán encontrado ratificación en lo que aquí se dijo, también habremos perdido algunas; y así como muchas dudas seguirán sin zanjarse, también habremos dejado en el camino algunas de ellas.
Entonces, desde la perspectiva de la pedagogía alentadora que nos puede brindar la Convención a través de este debate, considero que el Honorable Cuerpo ha logrado un resultado cualitativo.

Por otra parte, dado que uno de los convencionales por Mendoza hizo alusión a los escenarios posibles, me permito intuir el escenario posible de lo que no pudo hacerse en esta Convención. Me refiero a qué hubiera pasado si se hubiese aprobado el proyecto de reglamento en diez minutos o a libro cerrado, es decir, sin este enriquecedor debate. Esto es muy importante, porque de esta discusión surgirán respuestas a la diferencia abismal que tendríamos en la formación, información y en la superación de ciertas prevenciones individuales si esto no hubiese ocurrido así.

El tiempo produce un efecto devastador sobre los hombres. Creo que, como el derechazo del buen boxeador, nos priva de recuerdos y nos magulla de olvidos, pero seguramente desde las cenizas de la memoria habremos de rescatar un sinfín de exposiciones que aquí se han brindado a lo largo de estos diez días. Ellas nos han enriquecido, no en un sentido personal sino en uno de conjunto, y así se lo tendremos que demostrar a la sociedad. Por mucho tiempo recordaremos la profundidad de análisis de las exposiciones de los señores convencionales Zaffaroni y Barcesat; por mucho tiempo recordaremos la aguda lucidez de las intervenciones del señor convencional Parente; y por mucho tiempo tendremos presente las apreciaciones jurídicas e institucionales de los señores convencionales Barra, Rosatti, García Lema y Paixao.

También tendremos presente, a la hora del análisis, la defensa apasionada de cada uno de nuestros presidentes de bloque y la vehemencia de uno de los firmantes de este acuerdo político —que es motivo de discusiones—, además de la entereza con que defendió lo pactado.

Con mucha satisfacción recordaremos también a aquellos que rescataron del olvido ciertos temas que esta Convención no debería haber olvidado, como los relacionados con los aspectos sociales y la educación. Incluso, el señor convencional Torres Molina dejó traslucir el interrogante de por qué no se alcanzaba una reforma integral que plasmara en nuestra Constitución Nacional una serie de aspectos que nosotros hubiéramos deseado ver.

Como cuerpo colegiado constituyente hemos crecido, y el mensaje que podemos dar a la sociedad no es desalentador. Por el contrario, es un mensaje que puede demostrar que en la dirigencia política existe la decisión de abordar los problemas de fondo de la organización institucional del país.

Sr. PRESIDENTE.— La señora convencional Lucero le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. BIAZZI .— Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE.— Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional por San Luis.

Sra. LUCERO.— Señor presidente: sin desconocer el derecho que cada uno tiene de opinar, no debemos olvidarnos del tiempo del que disponemos para hacer uso de la palabra.

Tenemos que centralizar nuestro trabajo en la discusión del reglamento que nos ha de regir. No es el momento de hablar de los antecedentes de la ley que declaró la necesidad de la reforma.

Al respecto debo señalar que la mayor parte de los oradores se extendió en una exposición vinculada con el pacto, cuando ya no debemos hablar de él porque no existe. Lo que existe es el Núcleo de Coincidencias Básicas, que es parte de la ley a la que hice mención.
Solamente debemos hablar de ello cuando tenga alguna relación con el reglamento que estamos discutiendo, ya que muchos de nosotros tenemos la sensación de caminar, hora tras hora, días tras día, sobre la misma baldosa. Estamos hablando del contenido de una ley y de la futura reforma sin siquiera haber avanzado en la sanción del reglamento.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Convención Nacional Constituyente, don Alberto R. Pierri.

Sra. LUCERO.— Incluso muchas intervenciones —no todas— tienen cierto contenido de agravio y de apología hacia algunos partidos políticos. Muy pocas veces se ha hecho mención al tema que nos ha convocado, que es el de deliberar con respecto al reglamento que va a regir nuestras deliberaciones en las futuras sesiones. Mientras no sancionemos ese reglamento, no podremos trabajar.

También se han dicho cosas valiosas, pero corresponde que las debatamos luego de aprobar el reglamento y después de que las comisiones produzcan los despachos correspondientes.

Voy a formular moción de orden en el sentido de que las intervenciones de los señores convencionales se relacionen con el proyecto de reglamento. No deseo que esto sea visto como un intento de menoscabar el derecho de expresión de los demás, ya que se trata de cuestiones que volveremos a debatir en su momento, porque se vinculan con artículos de la actual Constitución que van a ser modificados.

En síntesis, mi moción de orden consiste en lo siguiente: no más historia, no más antecedentes, no más agravios ni apologías; limitémonos a debatir únicamente el contenido del reglamento.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— Señora convencional: no existe la moción de orden que usted ha señalado. Es simplemente una moción, de modo que en su momento lo vamos a considerar.

Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Misiones.

Sr. BIAZZI.— Señor presidente: deseo concluir mi exposición haciendo mención a ciertas cosas que para mí han sido mal planteadas.
Mis palabras jamás tuvieron un tono de agravio o la intención de hacer apologías partidarias. Pero lo peor ha sido que se ha frustrado el sentido de mi exposición. (Aplausos)

Esto lo digo con absoluto respeto hacia la señora convencional que hizo uso de la palabra. Porque en su momento estuve a punto de dar la razón al señor convencional por Mendoza cuando en su exposición del viernes mencionó que el tema estaba agotado, que rondaba por ámbitos cerrados y que no tenía sentido seguir debatiendo. Yo también me planteé este interrogante y lo respondía pensando que visto desde la perspectiva corta del resultado del propio reglamento era muy probable que poco quedara por debatir, pero también pensé que jamás iba a dejar de reivindicar a este cuerpo por el sentido edificante, la altura con que discutió este tema y el alcance de la reforma, las relaciones entre el derecho y el poder, entre el Estado y la sociedad. Incluso, debo destacar, desde el punto de vista filosófico, el sentido de la libertad y de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros frente a una votación.
Nuevamente pido disculpas a la señora convencional si es que con mi enfoque he afectado en algo su forma de pensar.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— La señora convencional Lucero le solicita una nueva interrupción, ¿la concede?

Sr. BIAZZI.— Sí, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— Para una interrupción tiene la palabra la señora convencional por San Luis.

Sra. LUCERO.— Señor presidente: evidentemente, mi intervención no fue oportuna; hacía rato que quería hablar, pero no lograba que se me concediera una interrupción.

En ningún momento me referí a la exposición del señor convencional preopinante, sino que hacía mención a los discursos de otros señores convencionales que hablaron de cosas que nada tenían que ver con el reglamento.

Por lo expuesto, pido disculpas al señor convencional Biazzi, ya que su exposición se ajustó al tema en cuestión.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— También el señor convencional Alasino le solicita una interrupción, ¿la concede?

Sr. BIAZZI.— Con mucho gusto, señor presidente.

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— Para una interrupción tiene la palabra el señor convencional por Entre Ríos.

Sr. ALASINO.— Señor presidente: un poco estamos presionados desde afuera, porque se quiere hacer ver como que esta es una discusión repetitiva, banal, tonta e inútil. Tal vez no podamos hacer entender a los argentinos —y ese es nuestro error— que quizás estemos asistiendo a la discusión más importante de la Convención Constituyente.

Esta misma discusión, es decir la perfección o no de la ley que nos convocó para la reforma democrática de la Constitución en 1949 tuvo que ser motivo de un dictamen de comisión para poder superar el inconveniente existente. Eran otros tiempos. Y en la otra convención contemporánea, obviamente por razones que todos conocemos, esta discusión no se dio.

Pienso que durante estos días de análisis del reglamento vamos a tener la carga de no poder hacer entender lo fundamental de la discusión. Afortunadamente, cada tanto tendremos algunos discursos que enriquezcan, aclaren, levanten el vuelo y el nivel de esta discusión para que tal vez algunos adviertan que ella es importante y que de los tres temas centrales que ocupan el tiempo de esta Convención este será uno de ellos.

Por estas razones, aunque convencionales de mi propio bloque me transmitan la intención de limitar el tiempo de la discusión y de oratoria de cada señor convencional, ante la opción de hacerlo o no, insisto en que mantengamos los tiempos para que cada uno tenga la oportunidad de decir lo que en este aspecto sienta.

Entonces, ante quienes nos quieren hacer hacernos creer que esta es una discusión de más, repetitiva y vana, mantengamos la decisión que sale de lo más profundo de nuestras convicciones en ésta, tal vez la discusión central de la Convención.

Por ello, señor presidente, apelamos a que cada constituyente acorte el tiempo de su exposición, pero frente al riesgo razono igual que la convencional Carrió en el sentido de que preferimos dejar abierta la posibilidad a una exposición más que agregue un elemento importante a esta discusión, que ayude a la interpretación final. Por eso, este bloque se inclina por mantener el sistema que hemos acordado, que preserva valores más importantes. (Aplausos)

Sr. PRESIDENTE (Pierri).— Continúa en el uso de la palabra el señor convencional por Misiones.

Sr. BIAZZI.— A pesar de la aclaración de la señora convencional de que su interrupción no estaba no iba dirigida a mí, debo señalar como una aclaración final de mi parte para seguir luego con mi exposición aunque más no sea durante dos minutos, que no estoy de acuerdo con su opinión y su punto de vista acerca del Pacto de Olivos, que dio nacimiento al sentido de esta reforma a través de la ley que sancionara el Congreso y con el enfoque con que la mayoría está intentando su análisis en la sede de esta Convención.

Considero que los pactos políticos, más allá de estar concluidos y agotados en el tiempo, tienen en términos políticos una vigencia que supera con creces el momento histórico de su firma. En efecto, el acuerdo político de Olivos transitó caminos por el Congreso donde fue ratificado por la decisión de los sectores políticos mayoritarios de la Argentina, que hoy están representados aquí a través de la presencia de más de doscientos convencionales constituyentes. Además los pactos significan enfoques distintos —cuestionables pero respetables a la vez— a partir de la decisión de las dos corrientes mayoritarias de nuestro país en la búsqueda de fórmulas de consenso para darle fortaleza al sistema político institucional y generar mejores condiciones de gobernabilidad. No es fácil entenderlo y nos ha costado a nosotros mismos asimilarlo, pero de algún modo baste decir que estos acuerdos significan resignaciones recíprocas y —si se me permite una expresión poco académica— saber bajarse del caballo para aquellos que desde el ejercicio del poder tienen actitudes unilaterales, cerradas o hegemónicas, para actuar en forma más razonable sobre todo aquellos que desde la oposición conciben las estrategias, con una óptica quizás errada, exclusivamente a partir de la exacerbación del conflicto.

Reivindico entonces el sentido de los pactos en la medida en que tienden, a través de consensos genuinos, a la búsqueda del fortalecimiento de los sistemas políticos, a su mejor gobernabilidad y a una mayor participación ciudadana.

Señor presidente: con respecto al tema en tratamiento señalaba justamente que no obstante pertenecer a un sector político que ha sido parte de la suscripción del acuerdo político mencionado, que ha apoyado en el Congreso la decisión de la reforma en el sentido en que ha sido plasmada y que sostiene el dictamen de mayoría para el criterio metodológico del análisis de la reforma, no olvidamos que debemos asimilar las enseñanzas que a partir de estas deliberaciones pedagógicas hemos aprendido de otros sectores que no coinciden con nosotros y que denostan impiadosamente o que cuestionan parcialmente el sentido de lo que nosotros estamos transitando a partir de ese acuerdo político.

En este sentido, considero que debemos dar respuesta a estos planteos que hemos escuchado a lo largo de estos días para buscar legitimar en el día a día aquellas razones de justeza que hicieron a la oportunidad de la reforma para no derivarla o convertirla en oportunismo a la declaración de necesidad de la reforma, sin correr el riesgo de hacerlo teniendo en cuenta circunstanciales conveniencias a partir de las ecuaciones políticas del momento.

Ante una decisión tan trascendente como la que la sociedad pone en nuestras manos para reformar la Constitución, sepamos que en la construcción de la democracia y de la justicia no hay magia posible y que el escenario y el producido de esta Convención es, en definitiva, algo que debemos construir entre todos a partir de un presente como este, cargado de diversidades, pero con la consigna clara de enaltecer el trabajo que la sociedad argentina nos encomendó, o sea —repito—, lograr la mejor reforma posible. Debemos ser conscientes de la búsqueda de mejores mecanismos institucionales para el fortalecimiento de nuestra República, de una herramienta constitucional que esté al servicio de mejores condiciones de vida para nuestra gente, de una sociedad más justa y solidaria, de una herramienta jurídica que permita —en fin— una sociedad mejor. (Aplausos)

Medio ambiente -art.41-

Derecho a un ambiente sano. Misión de las autoridades. Jurisdicción federal y provincial. Residuos peligrosos.

Debate de los dictámenes en mayoría y minoría de la Comisión de Redacción en los despachos originados en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías. (Orden del Día Nº 3)

14ª Reunión – 3ª Sesión Ordinaria (Continuación)
21 de julio de 1994

Presidencia: doctor Eduardo Menem, señor Alberto Reinaldo Pierri y doctor Ramón Bautista Mestre
Secretario Parlamentario: doctor Edgardo R. Piuzzi
Secretario Administrativo: doctor Juan Estrada
Secretario de Coordinación Operativa: doctor Luis A.J. Brasesco

Sr. PRESIDENTE.—Corresponde hacer uso de la palabra al señor convencional Ibarra, quien no se encuentra presente en el recinto.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor convencional por Misiones.

Sr. BIAZZI.— Mi exposición será breve en homenaje a la cantidad de convencio¬nales que aún deben hacer uso de la palabra, con el objeto de que podamos definir hoy esta cláusula referida al medio ambiente a ser incorporado en la nueva Constitu¬ción de la República Argentina.

Creo que este siglo XX, que ya se nos escapa de las manos —incluso, para algunos cientistas políticos ya ha concluido— ha comenza¬do tardíamente, con los hechos de 1914 y de 1917, y quizá ha terminado con los acontecimientos de fines de la década del 80, en Europa. No por lo corto temporalmente ha dejado de ser intenso y aleccionador para toda la humanidad. Aleccionador por hechos desgarrantes que van a lacerar la condición humana por los tiempos de los tiempos; pero también por otras circunstancias, como graves catástrofes, entre ellas, la que condena a la marginalidad a muchos millones de seres huma¬nos, no sólo en el tercer mundo, sino también en el tan ansiado primer mundo.

Pero este siglo también ha estado signado por la catástrofe ecológica que implica la ruptura del equilibrio del hombre con su propio entorno, con su propio hábitat natural. Y como convencional por Misiones, no puedo menos que hacer uso de la palabra en un tema tan caro al sentimiento de nuestra provincia, refiriéndome a los despachos en tratamiento, para adherir con algunas reservas al despacho de mayoría.

Probablemente tengamos el ejemplo más claro de lo que estoy señalando en el efecto devastador de un gran emprendimiento hidroeléctrico que está afectando la calidad de vida de cientos de miles de habitantes de nuestro territorio y su hábitat natural.

Desde este punto de vista, la provincia de Misiones sufre una serie de consecuencia desfavorables que fue imposible evitar a su tiempo, porque las decisiones para estos grandes emprendimientos a veces se toman desde ámbitos e instituciones que están alejadas del luegar donde se construirán, cuyos habitantes serán los que van a sufrir su afectación o a padecer las consecuencias de esa ejecución que se dispone.

Entonces, haciéndome eco de una recomendación especial que por unani¬midad la legislatura de la provincia de Misiones formuló a todos los conven¬cionales que concurrimos a este foro de la Convención Constituyente nacional, señalo la preocupación, invocando las conclusiones de la Tercera Asamblea Ordinaria del Parlamento Ecológico Nacional, en cuanto a la necesidad de con¬templar en todos aquellos temas habilitados para el desarrollo de esta Conven¬ción reformadora los conceptos referidos a derechos sobre intereses difusos, a recursos de amparo ambiental, a desarrollo sustentable y socialmente justo, al dominio provincial de los recursos naturales y al daño ambiental. Pero tam¬bién quiero dejar planteada una inquietud que no ha quedado resuelta, como bien lo señalara la señora presidenta de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías a la hora de expresar las conclusiones a la que se arribara en el seno de la Comisión de Redacción. Se trata de la obligatoriedad del estudio del impacto ambiental y de la evaluación de la viabilidad de los grandes emprendimientos, obras o proyectos de obras que puedan significar afectación o impacto ambiental de graves consecuencias para la sociedad.

En ese sentido, si bien el despacho de mayoría considera en términos generales, aspectos vinculados a todos estos conceptos que he señalado, y en el tema del amparo ambiental deriva la legislación a otra cláusula en tratamiento por esta Convención, queda pendiente para ser considerada por el Congreso de la Nación la debida contem¬plación acerca de esta necesidad de evaluar el impacto ambiental, fundamental¬mente cuando se trate de esos grandes emprendimientos que suponen una grave afectación a la calidad de vida y a las condiciones del hábitat natural de nuestra población y de nuestra sociedad.

Sobre la base de estos conceptos, como representante del justicialismo de Misiones, apoyaré el despacho de mayoría, con la expectativa de que en el futuro, desde el Congreso de la Nación, sean saldadas todas estas cuestiones que queden pendientes y deseando que esto sea interpretado como un primer paso ante una deuda que la sociedad toda se debe a sí misma en un tema que había quedado pendiente en la sociedad argentina en las últimas décadas.
No sé si a veces frente al mundo que dejamos y mirando a las cara de nuestros hijos y a las de los hijos de nuestros hijos, estamos en condiciones de decirles cuál es el camino a seguir. En todo caso, con mucha mayor honesti¬dad, debiéramos hacer una evaluación honrada de nuestras propias equivocaciones.

Cuando al comenzar mi exposición hablé de las grandes catástrofes que laceran a toda la humanidad, me refería a estas equivocaciones cuya evaluación honrada debemos realizar ante nuestros hijos.
Ojalá que, en el caso del tema del medio ambiente, además de la evalua¬ción de nuestras propias equivocaciones, demos un primer paso positivo en el camino correcto. (Aplausos)

Régimen Federal de Coparticipación

Gestión Provincial Autonomía Municipal

Educación. Universidades

28ª Reunión – 3 ª Sesión Ordinaria (Continuación)
10/11 de agosto de 1994

Presidencia: doctor Eduardo Menem, señor Alberto Reinaldo Pierri, doctor Ramón Bautista Mestre, doctora María Cristina Guzmán y doctor Carlos Corach.
Secretario Parlamentario: doctor Edgardo R. Piuzzi
Secretario Administrativo: doctor Juan Estrada
Secretario de Coordinación Operativa: doctor Luis A. J. Brasesco

Sr. PRESIDENTE (Mestre).— Tiene la palabra el señor convencional por Misiones.

Coparticipación Federal

Sr. BIAZZI.— Señor presidente: quisiera hacer unas breves apreciaciones sobre este despacho que estamos considerando, y si el tiempo no fuere suficiente voy a incorporar dos documentos sobre un tema específico, que en lo personal me interesa sobremanera, que es el educativo, y particularmente el relacionado con el ámbito universitario.

Respecto del tema de coparticipación federal y partiendo de un alto grado de coincidencia que creo hemos alcanzado, incluso con los propios compañeros del justicialismo de Misiones, quiero señalar en primer lugar que coincidimos en términos generales con este despacho de mayoría —ante todo porque se ha dado un salto cualitativo— que significa la constitucionalización del sistema de coparticipación.
Pero vaya desde el vamos la primera salvedad. Esta constitucionalización del sistema la percibimos no como un instrumento de distribución de recursos sino, fundamentalmente, como una herramienta política enderezada a subsanar los graves e históricos desequilibrios regionales de la estructura de nuestro país.

Es verdad que en lo formal va a superar —como ha dicho el señor miembro informante, el convencional Marín— los grados de incertidumbre y precariedad que luego de más de cincuenta o sesenta años en la Argentina hemos tenido en este tema, generándose este marco de concertación nada más ni nada menos que en el ámbito de nuestra propia Carta Magna. Es verdad que tiene sus ventajas al conferir racionalidad a la administración y distribución de los recursos financieros y que va a superar los inconvenientes que genera un rígido sistema de separación de las fuentes tributarias. Además, esperamos confiados que se dé la posibilidad a las provincias chicas de poder compartir la recaudación de otras provincias, favoreciendo a los estados más pobres de nuestra estructura federal.
En orden a las reservas que tenemos con relación al dictamen de mayoría, quiero señalar en primer término que —aun expresándose el carácter de excepcionalidad con que se consagra esta regla de la integralidad, estableciendo la posibilidad de asignaciones específicas para un fin determinado y por un tiempo determinado, que será fijado por medio de la sanción de una ley con una mayoría calificada— coincidimos con las preocupaciones que se han señalado, tanto por la señora convencional Fernández de Kirchner, como por el señor convencional Márquez con relación a la amplitud que tiene esta concepción en materia de asignaciones específicas en cuanto a las fuentes para su financiamiento. Esta fue una de las objeciones que señaló la señora convencional que he mencionado. También el señor convencional Márquez habló de que la indeterminación de porcentajes constituye un punto vulnerable en este dictamen.
Como una novedad institucional nos parece razonable que el sistema de leyes-convenio quede institucionalizado en la Constitución Nacional. Se trata de una fórmula que va a posibilitar una presencia mucho más clara de los distritos que integran nuestra estructura federal. Nos ofrece muchas más garantías que este mecanismo de coparticipación tenga su iniciación para la sanción de las leyes en la Cámara de Senadores, porque consideramos a la Cámara alta de nuestro Congreso de la Nación como el referente legítimo para los planteos de contralor federal. Además, porque sabemos del criterio de igualdad que tienen las distintas provincias en esa Cámara.
Coincidimos también con los criterios rectores sobre los cuales se va a asentar este nuevo sistema de coparticipación y con los criterios de equidad y solidaridad que se han mencionado como base de esos principios rectores. Se van a buscar niveles de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades que trataremos de emparejar con este sistema de coparticipación a lo largo y a lo ancho del territorio nacional para todos nuestros habitantes.
Habíamos presentado un proyecto propio, y hubiésemos querido ver reflejado en este dictamen de mayoría algún mecanismo de actualización periódica de los parámetros de distribución. No queremos que queden cristalizado en el tiempo algunos porcentajes que después —proyectados inercialmente en el tiempo— actúen desfavorablemente por las cambiantes situaciones que se puedan producir en cada uno de los distritos, como está ocurriendo desde hace muchos años en nuestra provincia de Misiones.
Todo eso puede suplirse con los criterios intrínsecos de justicia, de equidad y los parámetros de desarrollo, de calidad de vida y de igualdad de oportunidades, tal como se hace referencia en el proyecto.
Coincidimos en que ese organismo federal debe tener un alto grado de participación de las provincias argentinas para el contralor y la fiscalización de este nuevo sistema que instrumentamos. Pero también estamos de acuerdo con la observación que formuló la señora convencional Fernández de Kirchner acerca de la posibilidad de que este organismo también esté encargado de la interpretación de las normas, habida cuenta de que este régimen de coparticipación va a estar bloqueado a todo tipo de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo nacional. No coincidimos con el presidente de la comisión —el señor convencional Marín— en cuanto a que esa facultad de interpretación sólo puede ser derivada al ámbito judicial.
No cabe duda alguna de que en el Derecho Administrativo y en el campo administrativo distintos organismos han tenido entre sus facultades —sin ningún tipo de conflicto en cuanto a la legalidad de su proceder— la interpretación de normas o de situaciones dentro de esa esfera administrativa o dentro del marco de concertación en materia tributaria.
Estamos de acuerdo con la cláusula transitoria que habla de la necesidad de que, a más tardar en 1996, tengamos un nuevo sistema de coparticipación federal en la Argentina. En realidad, los misioneros hubiéramos deseado tenerlo antes; pero somos comprensivos de las razones que ha dado el señor convencional Marín como miembro informante del dictamen de mayoría en cuanto a los tiempos políticos que se avecinan en 1995 y al grado de conflictividad que puede tener una discusión de esta naturaleza. Sin embargo, él mismo dio un argumento positivo, consistente en la posibilidad de ir generando un marco de consenso y de racionalidad en la discusión entre las distintas provincias, y que sea más fructífero en lo que resta hasta llegar a 1996.
Misiones, desde hace muchos años, viene predicando que existe una situación de injusticia en cuanto a los porcentajes que se le asignaron en materia de coparticipación. Pero no es la hora de los lamentos que particularmente pueda estar padeciendo cada distrito ni tampoco de confrontaciones frustrantes. Con las observaciones que formularemos en la discusión en particular con relación a los artículos relativos al tema de la coparticipación, doy por cerrado esta cuestión.

Autonomía Municipal

Voy a hacer mención a otro de los puntos que está incluido en este dictamen de mayoría, que ha sido muy debatido, pero al que le falta un concepto final, a pesar de que exista un alto grado de consenso en todos los despachos que se elaboraron al respecto. Me estoy refiriendo al tema de la autonomía municipal. Sobre el tema de la autonomía municipal la Constitución argentina está en deuda.
El señor convencional Quiroga Lavié, en una de sus obras, utilizó una frase feliz, cuando dijo que la referencia que hace la Constitución de 1853 con relación al tema de la autonomía municipal ha sido muy magra. Y, en realidad, es magra e injusta.
Es injusta por el valor histórico y sociológico que han tenido los municipios en la vida argentina. Si se hubiese tenido en cuenta la autonomía municipal, se hubiera podido contar con una herramienta al servicio de un proceso de descentralización del poder que la Argentina necesita, al servicio de un estrechamiento de las relaciones del propio ciudadano con la gestión de la cosa pública, lo que no ha sido usufructuado ni utilizado debidamente en nuestro país.
Los saltos de la jurisprudencia, de la doctrina y del Derecho Público provincial nos permiten alcanzar este avance cualitativo desde la Convención Constituyente, ratificando la voluntad política de otorgar autonomía a los municipios. Desde aquel viejo fallo de la “Municipalidad de La Plata c/ Ferrocarriles del Sur” en 1911, desde aquellos criterios administrativistas de Bielsa, Marienhoff y Villegas Basabilvaso, hasta estas nuevas corrientes en materia de municipalización y de Derecho Público provincial autonómico para los municipios, hemos avanzado muchísimo en la materia.
Si tenemos en cuenta los fallos que se han citado, como los de “Rivademar c/ Municipalidad de Rosario”, y el que citó el señor convencional Cullen —con la versación que lo caracteriza—, de 1991, de esa misma municipalidad contra la provincia de Santa Fe, se complementa el sentido de la autonomía municipal y las atribuciones que en materia provincial tienen cada uno de nuestros distritos. Estamos fijando una conclusión a un nuevo enfoque en materia de autonomía municipal, donde no puedo dejar de citar, entre los distinguidos constitucionalistas que reivindican esta autonomía, a hombres que participan de esta Convención Constituyente como los doctores Quiroga Lavié, Rosatti y Antonio Hernández, quienes a lo largo de su trayectoria académica y científica han reivindicado este principio de autonomía.
Pero faltaba este paso final, consistente en el reconocimiento explícito con los alcances que en la mayoría de los proyectos se le ha dado al principio de autonomía, poniendo en manos de las propias provincias, en ejercicio de sus atribuciones locales, el diseño final de ese concepto autonómico.
Me he tomado la facultad de analizar los proyectos presentados y al de la mayoría, que hemos suscripto los señores convencionales por Misiones, se han sumado —sobre este tema y en iguales términos— el del señor convencional Guinle —que tiene disidencias parciales en otros aspectos—, el de un grupo de convencionales del radicalismo —que también tiene diferencias pero en otros temas, no en el municipal—, el de la señora convencional Fernández de Kirchner —que coincide en este tema de la autonomía municipal con lo diseñado por el dictamen de mayoría de la comisión—, el dictamen de minoría del bloque del MODIN, las disidencias parciales de los señores convencionales Natale, Saravia Toledo, Llano y Harvey, y sólo hay una diferencia —no porque se prive de este concepto de la autonomía sino que se lo extiende— en el dictamen del Frente Grande, que desagrega en una serie de ítems, cuya garantía intenta consagrar en beneficio de ese principio autonómico para, en forma imperativa, determinar que las propias provincias lo incluyan en sus estructuras constitucionales.
Aclaro que comparto en buena medida las cláusulas desagregadas de este último dictamen. Incluso, la Constitución de mi provincia las contempla a todas, a excepción de la separación de las elecciones municipales con el resto de las provinciales y nacionales. Pero la determinación imperativa podría ser interpretada —a la luz de lo referido por el señor convencional Cullen y del fallo de la Corte Suprema de 1991— como un exceso en la imperatividad de las condiciones a la autonomía de las provincias y a la facultad de darse sus propias instituciones, que la Constitución Nacional, a través del artículo 105, deja claramente expresado en favor de cada uno de nuestros estados provinciales.
En definitiva, hay un alto grado de consenso respecto de esta cláusula armónica, producto del acuerdo de todos los sectores políticos que integran esta Convención.

Gestión internacional de las provincias

En relación con la gestión internacional de las provincias —que se incluyen en este conjunto de materias vinculadas al fortalecimiento del régimen federal—, debo decir que a partir del dinamismo que ha tenido la vida internacional, fundamentalmente en las zonas de fronteras en el proceso de integración regional que vive nuestro país —en particular, nuestras regiones y la provincia de Misiones—, resulta saludable que se haya consagrado un tema que, como ya fue señalado, ha sido anticipado por el derecho público provincial en distintas Constituciones. Por lo tanto, debemos dar alcance nacional a las atribuciones de gestionar e incluso firmar convenios de cooperación que no entren en colisión con las facultades que en materia internacional se otorgan al poder federal por medio de nuestro sistema constitucional, siempre y cuando tengamos concebidas estas gestiones dentro del marco de claras políticas en materia internacional que del diseño de esta reforma están surgiendo.
Estas facultades de gestión internacional las concebimos como mecanismos para afianzar el proceso de integración, fundamentalmente latinoamericano, como idea directriz surgida de esta propia Convención Constituyente en el entendimiento de que no son espacios geográficos transnacionales al servicio de grandes corporaciones sino a disposición de los pueblos marginados de nuestra sociedad, que pueden encontrar nichos de cooperación donde los esfuerzos recíprocos sean válidamente justificados con ahorros de esfuerzos y, además, con aprovechamiento de las ventajas comparativas y amortiguación de aquellas desventajas que se puedan tener en estos procesos de intercambio.

Establecimientos de utilidad nacional

Quiero hacer referencia a una cuestión que —a mi entender— ha quedado diluida en el dictamen de mayoría y a la que no se le ha dado el sentido que se pretendía. Estoy hablando de la jurisdicción provincial en los establecimientos de utilidad nacional que, dentro del punto de fortalecimiento del régimen federal, es consagrado en el artículo 3 de la ley 24.309.
Imaginábamos que la jurisdicción provincial tendría un alcance más amplio que aquel limitado simplemente a la tributación o al poder de policía y al respeto, en estos dos aspectos, de las autonomías provinciales.
Cuando se contemplan fenómenos como el que estamos padeciendo en Yacyretá o los impactos que se producen sobre determinadas regiones, que han sido diseñados, decididos y cuya ejecución se dispone desde ámbitos ajenos al provincial o municipal, resulta inconcebible aceptar —cuando hablamos de jurisdicción provincial en establecimientos de utilidad nacional— que no se tenga en cuenta una presencia institucional mucho más fuerte y consolidada de nuestras estados provinciales, y se fije la mera percepción de los tributos locales o del poder de policía, por ejemplo, en salubridad.
No sólo tenemos la experiencia de Yacyretá sino también otras; por ejemplo, está bajo nuestro cuidado y control parte del patrimonio histórico de la humanidad —ya que así fue consagrado por la UNESCO— como lo son las ruinas de San Ignacio y otras, que son producto de esta fusión histórica del proceso de evangelización que vivió nuestra región. Sin embargo, no tenemos jurisdicción ni competencia sobre ese reservorio cultural, al que aspiramos, sin perjuicio del dominio que sobre el mismo tenemos. Deberíamos respetar las autonomías locales porque también aquí se va un poco nuestra vida histórica y nuestra soberanía cultural.

Organismo Previsionales de las Provincias

Con referencia a los organismos de previsión social avalo —no sólo por encargo de las autoridades de nuestros organismos provinciales sino por un pedido expreso de nuestros gremios y asociaciones de jubilados— esta cláusula que preserva en el ámbito provincial aquellos institutos encargados de la previsión y seguridad social.
He leído más de 31 proyectos orientados en el mismo sentido, de distintos sectores populares que, con diferentes enfoques, coinciden en la necesidad de preservar a los organismos de previsión en el ámbito provincial.

Educación pública y gratuita. Universidades

No puedo finalizar mi exposición sin hacer referencia a la cláusula establecida en el inciso 16, en particular, a todo aquello vinculado con el desarrollo científico, cultural y tecnológico de nuestro país y, especialmente, al tema educativo.
Durante cuatro años ejercí el cargo de rector de la Universidad Nacional de Misiones y tuve el honor de presidir el Consejo Interuniversitario Nacional. En razón de ello, para dejar sentada mi posición, solicito la inserción en el Diario de Sesiones de dos trabajos, uno referido al rol de la universidad y el financiamiento universitario y, otro, sobre política fiscal y desarrollo universitario de los autores Hidalgo, Bocco y Repetto, los que comparto en su totalidad.
No puedo dejar de señalar mi discrepancia con la liviandad de muchas declaraciones en materia educativa y la preocupación que nos origina no sólo la declaración de un ministro sino también los criterios interpretativos con que se está manejando el principio de gratuidad y equidad.
Frontalmente explicito mi punto de vista sobre esta cuestión, y señalo que en lo personal, como lo hice desde el primero hasta el último de los días de mi gestión como rector, reivindico la educación pública y gratuita en todos los niveles de la enseñanza, incluida la universitaria. (Aplausos)
Por otra parte, bajo ningún concepto considero lícito recurrir a simplificaciones que pueden ser perversas o inadmisibles, como las que se están haciendo en este momento para analizar un tema de tanta trascendencia estructural para nuestra sociedad.
No voy a señalar el valor estratégico del conocimiento en el desarrollo científico de la cultura y la educación en la Argentina; pero quiero decir que los problemas estructurales los conocemos demasiado. Conocemos los anacronismos y las disfuncionalidades que padecemos; y también las materias pendientes que tenemos en la educación. Pero no se puede incurrir jamás en la simplificación de creer que porque padecemos de muchas personas que ingresan y de pocas que egresan de las universidades, los problemas de la educación superior en la Argentina se resuelven con ingresos restringidos o con arancelamientos. (Aplausos)
Quiero dejar sentada mi posición personal en estos documentos y decir que estoy dispuesto a colaborar en esta asamblea. Siguiendo con los conceptos de la intervención del señor convencional Barcesat y del señor convencional del Frente Grande, decano de la Facultad de Lomas de Zamora, no vaciemos de significación el sentido de la gratuidad y de la obligatoriedad de la enseñanza en todos los niveles educativos. (Aplausos)

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