Proyecto de Ley Consulta Popular sobre Garabí

D 32289/09
PROYECTO DE LEY
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE
LA PROVINCIA DE MISIONES
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Artículo 1.- CONVÓCASE al Electorado de la Provincia de Misiones a una
CONSULTA POPULAR OBLIGATORIA Y VINCULANTE para que se expida aceptando o rechazando la construcción del Emprendimiento Hidroeléctrico GARABI, proyectado sobre el tramo binacional del río Uruguay, situado entre el Estado de Río Grande Do Sul, Brasil y las Provincias de Misiones y Corrientes, Argentina.

Artículo 2.- Los electores deberán decidir por SI o por NO en el acto comicial
respectivo, el que se llevará a cabo mediante la aplicación de las normas electorales vigentes en la Provincia al tiempo de su convocatoria, y en cuanto fueren compatibles con la naturaleza jurídica de la consulta popular y las disposiciones de la presente ley.

Artículo 3.- Dentro de los noventa días de sancionada la presente ley, el Poder
Ejecutivo convocará a la Consulta Popular establecida en el Artículo 1º, la que, a su vez, deberá realizarse dentro de los sesenta días posteriores a dicha convocatoria.

Artículo 4.- El Poder Ejecutivo dispondrá las acciones necesarias para fomentar la
debida participación del electorado, poniendo a su disposición, por todos los medios disponibles, la más completa información con la que cuente respecto a las características del emprendimiento.

Artículo 5.- Desde la sanción de la presente ley, toda autoridad provincial que
intervenga en cuestiones relacionadas al emprendimiento hidroeléctrico Garabí, deberá hacer reserva expresa de la sustanciación de una consulta popular vinculante, condicionando su intervención al resultado de la misma.

Artículo 6.- Los gastos que demande la ejecución de la presente ley serán
imputados a Rentas Generales de la Provincia.

Artículo 7.- La presente ley deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades
del Gobierno Nacional.

Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo Biazzi
Diputado Provincial

FUNDAMENTOS

Muchos avatares, marchas y contramarchas se han producido respecto a la represa de Garabí, desde aquellos primeros estudios sobre el aprovechamiento del Río Uruguay, en el tramo contiguo entre la Argentina y Brasil, que fueron ejecutados a nivel inventario, a partir del año 1972 ( Consorcio Hidroservice- Hidrened, 1972, “Estudio del Aprovechamiento del tramo Limítrofe del Río Uruguay y de su afluente Río Pepirí Guazú, entre Brasil y Argentina –Informe de Inventario y Prefactibilidad – Etapas 1 y 2 ), y en el que se identificaron 22 emplazamientos, de los cuales se seleccionó un esquema constituido por tres saltos, avanzándose con los estudios hasta un nivel de prefactibilidad.
Hoy las posibilidades de concreción de la obra parecieran estar mucho más cercanas a la luz de los anuncios oficiales y la secuencia de procesos licitatorios desencadenada en los últimos tiempos por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina, a través de las empresas Eletrobrás y EBISA respectivamente.
En tal sentido, como legislador provincial advertí, en el transcurso del año 2007, sobre la reactualización del tema. Por entonces, a través de distintos medios de comunicación se conocía la reunión mantenida en Brasilia entre los ministros de Planificación Federal de Argentina y su par de Minas y Energía de Brasil Silas Rodeau, “para avanzar en el proceso de integración energética y, en particular, sobre el proceso licitatorio para construir la represa de Garabí, sobre el río Uruguay”.
Como consecuencia de ello, el día 7 de junio de ese año, presenté el proyecto de Comunicación que entendía debía despachar la Legislatura sobre la cuestión.
Sostuve en la ocasión que “Sin perjuicio de la información brindada por la prensa, nada conocemos oficialmente por parte del Poder Ejecutivo Provincial, que de cuenta de toda documentación y gestión realizada hasta el presente, de las características de la obra que se intenta construir, así como las consecuencias que sobre la provincia de Misiones acarrearía”.
“La envergadura de tal emprendimiento y el impacto que derivaría del mismo, requieren, desde ya, respeto al pueblo misionero y a su derecho básico a la información certera sobre lo que sin dudas puede afectar vidas y recursos esenciales. Todo ello, sin perjuicio de la obligación simultánea, derivada del principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, que tienen las autoridades provinciales de brindar la más amplia y precisa información al respecto”.
Requería, en consecuencia, que el Poder Ejecutivo Provincial, informara:
a) Si está en conocimiento de las negociaciones encaradas en el transcurso del pasado mes de mayo, en Brasilia, por el Gobierno Nacional y el de la República Federativa de Brasil, representados, respectivamente, por los señores Ministros de Planificación Federal Julio De Vido y de Minas y Energía Silas Rondeau, respectivamente, con relación al emprendimiento hidroeléctrico de Garabí, sobre el río Uruguay;

b) De ser así, origen y detalles de la o las comunicaciones oficiales recibidas que den cuenta de dichos acuerdos respecto a tal obra. En tal caso, si efectivamente, como lo señala la información (medios nacionales e internacionales del 16 de mayo de 2007), existe un proceso licitatorio en marcha;

c) Que intervención ha tenido el Gobierno de la Provincia de Misiones en las etapas previas y/o actuales del desarrollo del mencionado emprendimiento. Y cuáles han sido los términos del protocolo de entendimiento suscripto en 2005 por el Sr. Gobernador, conjuntamente con sus pares de Corrientes y de Río Grande do Sul, así como las acciones derivadas del cumplimiento del mismo;

d) Si a través de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Provincia se han efectuado, a partir de la firma de dicho protocolo, estudios con técnicos de dicha dependencia, como de otras reparticiones públicas; y cuál ha sido –además- la intervención que le cupo en el análisis del proyecto a “Emprendimientos Energéticos Binacionales Sociedad Anónima” (EBISA). En ambos casos, resultados verificados;

e) Sobre toda decisión, información o antecedente que permita ampliar el conocimiento acerca del emprendimiento de referencia.

Posteriormente, y ya en el transcurso del año pasado (2 de diciembre de 2008), con el acompañamiento de los legisladores Mariano Díaz, Esteban Lozina y Miguel López, enviamos una carta documento al Defensor del Pueblo de la Nación Dr. Eduardo Mondino.
En dicha carta documento, expresamos: “Ante proceso licitatorio iniciado en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación para el estudio de inventario del río Uruguay, en función de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional con relación a la ejecución del emprendimiento hidroeléctrico “Garabí”, proyectado sobre territorios de las provincias de Corrientes y Misiones, nos dirigimos al Señor Defensor del Pueblo de la Nación para que en el ámbito de su competencia, en ejercicio de su autonomía funcional y en defensa de los derechos y garantías tutelados por la Constitución y las Leyes, intervenga de inmediato ante eventuales violaciones de autoría federal que pudieren perjudicar legítimos intereses de Misiones y sus habitantes. Invocamos al respecto, los artículos 86, 121, 124, 75, 41, 43 y concordantes de la Constitución Nacional; 1, 2, 4, 58, 101 y 161 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Misiones; leyes de la Nación Nros. 24.284, 23.879, 24539, 25675 y 25688 y de la Provincia de Misiones Nros. 3058, 3079, sus concordantes y modificatorias. Respetuosamente. Ricardo Biazzi, Mariano Díaz, Esteban Lozina y Miguel López”.
De todas las normas citadas en esta carta documento dirigida al Defensor del Pueblo de la Nación, quizás convenga recordar expresamente algunas, como el Artículo 124 de la Constitución Nacional en cuanto señala que:
“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.”
El Artículo 58 de la Constitución de Misiones que, a su vez reza: “La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las fuentes naturales de energía existentes en el territorio”.
“Es facultad de la Provincia realizar por sí o convenir con la Nación o con otras provincias su exploración, cateo y extracción, así como su explotación, industrialización, distribución y comercialización, fijando de común acuerdo el monto de la regalía o contribución por percibir”.
Y el Artículo 101 de la misma Constitución, que establece:
“Corresponde a la Cámara de Representantes: – Inc. 20) autorizar la cesión de tierras de la Provincia para objetos de utilidad pública, con el voto de los dos tercios de los miembros presentes y con unanimidad de los votos de los miembros de la Cámara, cuando esa cesión importe abandono de jurisdicción o desmembramiento territorial, dentro de los límites prescriptos por la Constitución Nacional. En este último caso la ley deberá ser “ad-referéndum”.
Cabe aclarar, además que solicitamos la intervención de dicho funcionario, pues a nuestro entender el Defensor del Pueblo de la Nación está obligado a actuar en el control del ejercicio de las funciones de la administración pública nacional y ante hechos, actos u omisiones de la misma. En ese sentido, creemos que ningún organismo nacional o binacional puede convocar a estudiar los recursos naturales que son del dominio originario de una o varias provincias, sin el consentimiento orgánico e institucional de las mismas. Las provincias como dueñas de esos recursos, deben ser necesariamente parte en la toma de decisiones desde el momento inicial de cualquier secuencia que se dispare, como ocurre en este caso, con la licitación de los estudios de factibilidad para el aprovechamiento de un tramo del río Uruguay, a partir de los acuerdos de Nación con Brasil para la construcción de una represa. No puede ser que el gobierno nacional, de hecho, nacionalice la cuestión invocando un interés general o superior y deje en letra muerta la garantía federal que debiera respetar en cuanto a la intangibilidad territorial de las provincias.
Esta interpretación marcadamente unitaria y centralista fue la que produjo durante mucho tiempo una especie de desmembramiento territorial y el empobrecimiento de las regiones, las provincias y los municipios que fueron perdiendo poder de decisión política y recursos económicos.
La Nación debe respetar a las provincias y éstas hacerse respetar. Ni los acuerdos internacionales, ni los procesos de integración pueden asumirse sin reconocer que aquí hay pueblos, personas, realidades concretas y estructuras institucionales que deben ser consideradas antes de salir a negociar nuestros propios recursos naturales de lo que nos enteramos, para colmo, al día siguiente por los diarios.
Desgraciadamente no hubo respuesta alguna a las dos iniciativas formuladas de nuestra parte.
Y lo cierto es que las recientes declaraciones producidas por el Gobernador de la Provincia de Misiones Dr. Maurice Closs, el Ministro de Acción Cooperativa de la Provincia Ing. Luis Jacobo, funcionarios de Eletrobrás y funcionarios del área energética de la Provincia de Corrientes, entre otras, agudizaron las dudas e incertidumbres que la proyección de una obra de tamaña envergadura genera sobre la población misionera.
En consecuencia, a nuestro entender, ha llegado la hora de que la provincia exprese claramente su posicionamiento como tal ante el riesgo inminente a la que está sometida. Y nadie mejor que el propio pueblo de Misiones sea quien lo haga en pleno ejercicio de sus derechos políticos.
La consulta popular, que aquí se propone, es una de las formas de democracia directa que el sistema constitucional permite implementar. No existe impedimento alguno para hacer este tipo de consulta al electorado de Misiones. La Constitución de la Provincia contempla expresamente este mecanismo de democracia semidirecta que permite al pueblo opinar y decidir sobre los temas de trascendencia pública. Es una herramienta que fortalece el sistema democrático, haciéndolo más participativo. La Cámara de Representantes está perfectamente habilitada para reglar este tipo de convocatoria, sea en general o para un caso particular como aquí se establece. (arts. 1,2 y 29 de la Constitución Provincial). En igual sentido se expidió este Cuerpo en oportunidad de sancionar la ley de convocatoria al plebiscito de Corpus (26ª.Reunión , 25ª Sesión Ordinaria, de 07/09/1995).
Las formas de democracia semidirecta son, -como bien lo señala Miguel Ángel Exmekdjian- “mecanismos o procedimientos por medio de los cuales, en alguna medida, el pueblo participa directamente en la elaboración de los actos de gobierno. Son consecuencia de la lógica reacción contra el método de la total delegación del poder, requisito básico de la democracia representativa. Su objetivo es rescatar, siquiera parcialmente, las pautas éticas de la democracia desdibujadas por la indirecta, la cual limita el rol del ciudadano al de un pasivo receptor de ideas y – cada tanto – sufragante”.
“No debemos ver a estas alternativas como contradictorias al clásico sistema de democracia representativa sino como su extensión y profundización. Los principios que justifican a uno y otro son los mismos. El sistema de control entre los poderes a través de la división de los mismos se ve favorecida con las formas semidirectas para casos muy específicos e importantes. Y el principio de la necesidad del consenso mayoritario y libre para la toma de decisiones colectivas se multiplica a muchos ámbitos, hoy restringidos a la elección de autoridades”. (Reforma Constitucional: Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, EUDEBA, Bs. As.1986)
“La concepción de la democracia vigente actualmente- como bien lo señala el constitucionalista Dr. Horacio Rosatti- ha replanteado la reflexión en torno a cuestiones tales como la constitución de sujetos políticos y la especificidad de la política, elaborando así un nuevo paradigma, en torno al cual se piensa y estructura nuestro sistema político. De él no puede estar ausente, como garantía de la democracia, la ampliación de la participación (a través de mecanismos de democracia semidirecta como la iniciativa y la consulta popular)”.
En cuanto a la obligatoriedad de votar en la consulta popular, recordemos que así como en otros países el votar es voluntario, en Argentina (y desde luego en Misiones también) el sufragio es obligatorio. En consecuencia, si no hay una norma de excepción en la propia ley de convocatoria, no se debe alterar este principio de la obligatoriedad.
También se plantea en carácter vinculante de esta consulta popular, esto es que el resultado obligará al Estado misionero y a todos sus representantes a actuar en consecuencia. Así, los poderes de Estado tendrán que ajustarse en su accionar, en sus gestiones, a lo que la voluntad popular disponga.
Respecto a la opción por el sí o el no para este tipo de consulta, cabe señalar que no resulta incompleta como puede especularse, habida cuenta que se le está pidiendo al electorado un criterio básico elemental, categórico y contundente a la vez, sobre la cuestión. Hay un nivel de desagregación que el Estado podrá resolver luego, a la luz del resultado de la convocatoria. En Argentina y el exterior hay múltiples experiencias y mucho más complejas que la nuestra donde todo se circunscribió a ese sí o no. Además, ambas hipótesis conducen a caminos institucionales viables y no a falsas alternativas.
En síntesis, frente al escenario que se nos presenta (tanto en lo proyectado como lo ya decidido por la Nación) respecto al emprendimiento Garabí, es indispensable valorar un esfuerzo electoral como el que mediante el presente proyecto se pretende. Independientemente del resultado de la consulta, su sola realización ya significa colocarnos en una postura de dignidad provincial como pocas veces asumimos en nuestro historial desde Misiones, frente al resto del país.
La consulta popular se constituirá, así, en un eje convocante que nos reconciliará con las banderas federales que han sido tantas veces avasalladas en la historia nacional. No es un grito folclórico, es un reclamo institucional, legítimo y fundado, dirigido al gobierno Federal para que, sin desconocer sus competencias en materia de relaciones internacionales, tome nota que no puede concretar nada con otros países en materia de recursos naturales asentados en las provincias argentinas, si éstas no prestan su consentimiento previo y expreso para hacerlo.
Badeni comentando la disposición constitucional incorporada con la Reforma de 1994 ( art.124 de la C.N.) que pone en cabeza de cada provincia argentina el dominio originario de sus recursos naturales, expresa: “Esta disposición, que estaba implícitamente contenida en el anterior texto de la Ley Fundamental, establece un principio fundamental para asegurar la independencia económica de las provincias que, lamentablemente, ha sido muchas veces desconocido en la práctica invocando un interés nacional superior”.
“Reconocer a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales es una consecuencia de la garantía federal que, entre otros aspectos, impone a la Nación el deber de respetar y hacer respetar la intangibilidad territorial de las provincias.
Las provincias son entidades autónomas para cuyo desenvolvimiento económico eficaz necesitan disponer de los recursos naturales que poseían al tiempo de incorporarse a la Nación, o de ser creadas, con excepción de aquellos que, en forma expresa, hubieran transferidos constitucionalmente a la Nación”.
“Ratificar el reconocimiento del dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales no es solamente una declaración teórica que puede ser desconocida en la práctica por el Estado Central mediante la explotación de tales recursos.
No es viable, a la luz de la Constitución, la nacionalización de tales recursos bajo la invocación del bien común de la Nación, porque debemos admitir que las provincias tienen tanta o más idoneidad que las autoridades nacionales para la administración de aquellos, satisfaciendo directamente el interés local y, por añadidura y de manera indirecta, el interés general. De todas maneras, si alguna provincia considera conveniente acordar con la Nación la explotación de sus recursos naturales, o hasta con otras provincias con participación o sin ella del estado nacional, no existen reparos constitucionales para ello”. (Reforma Constitucional e Instituciones Políticas. Badeni Gregorio, Ed. Ad- Hoc, pág. 439).
En cuanto a las acciones necesarias para fomentar la debida participación del electorado en el tiempo previo a la convocatoria a la que refiere el art. 3º del presente proyecto, es necesario remarcar el papel fundamental que debe cumplir el Poder Ejecutivo. Ello así, en orden a facilitar y fomentar la sensibilización de la población con el tema, poniendo la integralidad de la información disponible al servicio de todos. Las características del proyecto deben ser comunicadas en términos comprensibles a la comunidad y los responsables de gobierno hacer saber los pro y los contra, asentado en rigor científico y en criterio relevantes para quiénes resulten afectados.
La ciudadanía informada de este modo acerca de lo que se intenta construir asegurará, mediante el mecanismo aquí propuesto, transparencia en el procedimiento institucional para dar a conocer su opinión definitiva respecto al mismo. La información que se brinde a la población es fundamental. Nadie puede opinar si no sabe o desconoce cuestiones esenciales inherentes a la ubicación y características de la obra a realizarse, sus alternativas y fundamentalmente sus impactos probables. Solo a partir del conocimiento certero de todos estos aspectos, comunicados en términos simples para facilitar la participación en la consulta, se podrá garantizar adecuadamente el resultado de la misma.
En síntesis, pueblo y gobierno de Misiones necesitan expresar un posicionamiento claro y contundente sobre la obra hidroeléctrica de Garabí, en cuanto pueda afectar población, territorio y medio ambiente provincial. Lo contrario importaría consentir una incomprensible e inaceptable muestra de desfederalización política, no compatible con las normas de rango constitucional que nos rigen y con la Argentina armónica, integrada y respetuosa, a la vez, de sus autonomías locales.
Por estas consideraciones y las que oportunamente serán vertidas al momento de su tratamiento, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.

Ricardo Biazzi
Diputado Provincial

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