Poder Político y Libertad de Expresión

“Cuando un pueblo elige a sus representantes, no se esclaviza a ellos, no pierde el derecho de pensar o de hablar sobre sus actos: sería hacerlo irresponsable”.

Dalmacio Vélez Sársfield

El pasado 7 de marzo de 1987, se conoció la declaración final de la 73º reunión de la junta de directores de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA). De dicha declaración como el informe que le precedió –en el que se recurre la citado Vélez Sársfield- emitido por la Comisión de Libertad de Prensa de la entidad, surge claro y expreso el reconocimiento a la libertad de expresión existente en la Argentina de hoy, como también a ciertos hechos, que de un modo u otro, han ayudado a afianzarla. No por ello, sin embargo, ha dejado de señalarse, simultáneamente, el desagrado por algunas situaciones negativas verificadas en el terreno de una libertad constitucional que ha debido soportar no pocos ataques y restricciones a lo largo de la vida política nacional.
Así, entre los síntomas preocupantes, el documento alude al agrio cuestionamiento verbal dirigido hace poco tiempo por el presidente Alfonsín al diario “Clarín”. Luego, y ya con nombre y apellido, la Comisión ADEPA suma desfavorablemente las consideraciones vertidas, también en estos días, por algunos gobernadores se mencionan a los de Córdoba y Catamarca que para referirse al periodismo de sus propias provincias, echaron a mano ciertos calificativos despectivos o peyorativos. Considera alarmante, además, la proliferación de cuestiones de privilegio planteadas contra diarios y periodistas por legisladores tanto al orden nacional como de las provincias; circunstancias éstas que traen a la memoria –dice la entidad- “los hechos que se sucedieron en otras épocas en nuestro país, cuando con igual celo se utilizaban la figura del desacato, que sirvió no solo para silenciar a los medios de difusión, sino también a políticos opositores y a todos aquellos que pretendiesen difundir una idea critica hacia la acción de los gobernantes”. Y, precisamente acerca de la posibilidad de comisión del delito de desacato por medio de la prensa, ADEPA rescata recientes pronunciamientos judiciales de un tribunal federal, destacándolos como hitos que, de seguro, cimentaran la rica cultura jurídica en este campo de tan delicada como sensible problemática.
Se trata de tres fallos emitidos por la Cámara Nacional Federal en lo Criminal y Correccional (la que sentenció a las ex juntas militares y juzga, actualmente, a otros no menos resonantes casos del ámbito castrense), desde su Sala Primera, integrada por los jueces Arslanián, Gil Lavedra y Peres. Creo, que, efectivamente, esas resoluciones revisten notable trascendencia y significación. Y no sólo para los medios de comunicación, sino para población en general pues se han formulado en ellas –partiendo del marco de referencia que el sistema político vigente en el país brinda- valiosas consideraciones en orden al derecho de crítica a los actos de gobierno, a los excesos derivados de la libertad de expresión, como en lo atinente al delito de desacato y su configuración o no en el ejercicio de aquellos derechos, a la luz del interés comprometido y del bien jurídico tutelado por las normas penales vigentes.
Pero, ¿ qué es, en definitiva, lo que ha dicho la Cámara Federal de Buenos Aires?. Veamos: En el llamado caso “Braun” ha reconocido el derecho de opinión y critica como de la esencia del sistema republicano; así también su innegable raigambre constitucional, de lo que infiere -a renglón seguido- “que la figura del desacato no deberá abarcar jamás a quienes hacen uso de aquel derecho”. “Es indispensable –concluye este fallo- que políticos y ciudadanos disientan libremente, con la tranquilidad de que todo aquello que digan con miras al dialogo o a la critica no será alcanzado por norma represiva alguna. Y esto debe ser así, aun cuando al calor de la contienda se deslicen afirmaciones desmedidas o agraviantes”.
Pero es en la causa “Spolinski” donde la Cámara va mas allá llegando a afirmar –tras el análisis del texto político (1) publicado por periódico y que diera lugar al juicio que “las manifestaciones transcriptas se insertan en un contexto panfletario, grosero y contestario” y que “ a pesar de su desagradable formulación y del fanatismo irracional que emana de ellos, los juicios expuestos no superaron el tono de cuestionamiento político a la gestión del gobierno”.
En consecuencia, y tal como lo reitera este tribunal luego en un caso similar fallado el mismo día (“Nicholson”) “no configura el delito de desacato el vehemente y severísimo ejercicio del derecho de critica a los actos de gobierno”. Llegado a este punto, pareciera oportuno señalar que estos pronunciamientos de la justicia argentina no vienen a consagrar, ni mucho menos, impunidad alguna para calumniar o injuriar; conductas, por lo demás, que por afectar –no ya los actos de los gobernantes- sino el honor de sus personas, como las de cualquier otro habitante de la Nación, serán pasibles en su caso de la sanción penal consiguiente. Lo importante, y para finalizar, ha sido, pues, tomar debida nota del alcance que los tribunales de la Republica le van dando a la libertad de expresión, en general, y la libertad de prensa, en particular. A esta libertad constitucional que, como lo dejara sentado la Corte Suprema de la Nación, ha de tener un sentido mucho más amplio que la mera exclusión de la censura previa y cuya esencial manifestación se expresa en ele ejercicio de la libre critica a los funcionarios por razón de los actos de gobierno.
Hace ya algunos años, el periodista Gabriel Levitas –con mayor crudeza que citado Vélez Sársfield- nos decía: “…tanto afuera, en la calle, como adentro, en la redacción, el disenso, la oposición, el antagonismo, son fuerzas movilizadotas y creativas que pueden garantizar un futuro menos triste, menos estúpido”.
¿Es que, acaso, ambos estaban errados?.
(1) En el caso concreto, el periódico titulado “Bastión” , agregado a autos, contiene en el articulo titulado “David y Ted”, frases como “… ambos vinieron para ver cómo anda esa gran estancia llamada Republica Argentina, que les administra el mofletudo y bigotudo capataz Raúl Ricardo… esto sólo lo podría hacer un presidente soberano y no un títere que sólo sabe actuar como un administrador colonial…” A su vez, en el articulo llamado “Dictadura, la trama socialdemócrata”, se deslizan expresiones como “… la Argentina está bajo una dictadura, sustentada en la figura carismática de un presidente cuya figura armada según las más sofisticada técnicas internacionales para venta de gaseosas tipo cocucha efervescente: Raúl Alfonsín…”.

Por Ricardo Biazzi, abogado, vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal, constitucionalista y docente universitario (Columna de opinión publicada en El Territorio el 20/03/1987)

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