Modificación a Ley 4295 (Adhesión Ley Nacional Financiamiento Educativo).

PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE LEY

Modificación a la Ley 4295.

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de la ley 4295, el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO 3º.- Establécese la obligatoriedad de reflejar los compromisos financieros afectados en los presupuestos anuales, a los fines de la aplicación del 8 de la Ley Nacional Nº 26.075.

ARTICULO 2º.- Incorpórense, los artículos 4º, 5º y 6º a la ley Nº 4295, que quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTICULO 4º.- Establécese la obligatoriedad de reflejar en forma separada en la estructura programática de los presupuestos anuales, la asignación de los recursos derivados del esfuerzo de inversión adicional del Gobierno Nacional y de la Provincia respectivamente, en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la Ley Nacional Nº 26.075.

ARTICULO 5º.- Determínase la presentación regular de la información sobre la ejecución presupuestaria de los recursos asignados a la educación, de acuerdo a las metas físicas y financieras comprometidas y las inversiones realizadas en el período. Esta información debe estar disponible públicamente en la página Web de la provincia de Misiones (www.misiones.gov.ar) durante el año de ejecución presupuestaria, para corroborar el cumplimiento de dichas metas.

ARTICULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo”.

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

La ley nacional N° 26.075, de Financiamiento Educativo, ordena el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva, hasta alcanzar en el año 2010 una participación del seis por ciento en el producto bruto y la creación del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, entre otros objetivos.
La norma establece que las provincias deben realizar un aporte del orden del 60%, y la Nación lo hará con el 40% restante de dicho incremento.
La ley nacional pauta además el destino del mismo en la inversión prevista, estableciendo, entre otros, objetivos orientados a:
-Incluir en el nivel inicial al cien por ciento de la población de cinco años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y niñas de tres y cuatro años, priorizando a los sectores sociales más desfavorecidos;
-Garantizar un mínimo de diez años de escolaridad obligatoria para niños y jóvenes, logrando que el treinta por ciento, como mínimo, accedan a escuelas de jornada completa, priorizando los sectores sociales y las zonas más desfavorecidas;
-Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal;
-Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema;
-Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación con la producción y el trabajo;
-Incrementar la infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional;
A su vez, se determina que la participación de la Provincia en el esfuerzo de inversión adicional, deberá destinarse prioritariamente a:
-mejorar las remuneraciones docentes:
-adecuar las respectivas plantas orgánicas funcionales a fin de asegurar la atención de una matrícula creciente;
-jerarquizar la carrera docente garantizando su capacitación con el objeto de mejorar la calidad educativa.
Mas allá de la adhesión por parte de nuestra provincia a la Ley Nacional Nº 26.075, mediante la Ley Nº 4295 de esta Legislatura, y de los esfuerzos que hasta el presente realicen tanto el Gobierno Nacional como el Provincial, queda claro que no se establecieron, con precisión, los mecanismos que permitan reflejar cabalmente dichos esfuerzos, así como el mejor monitoreo social de los mismos para poder facilitar, incluso, las correcciones o complementaciones que pudieren corresponder a los fines del cabal cumplimiento de las metas establecidas. De ello dan cuenta diversos requerimientos explicitados en el ámbito público y en el de entidades de la sociedad civil que efectúan un seguimiento de la ejecución de la ley de financiamiento educativo
Necesitamos, pues, generar las normas indispensables para la correcta implementación de las acciones dispuestas por la ley de financiamiento educativo en lo que respecta a nuestra Provincia. Este, es pues, el sentido de la reforma que aquí se plantea.
Por éstas y otras razones que se expondrán al momento del tratamiento del presente proyecto de ley, es que solicito el voto favorable de mis pares.

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