La Función Legislativa en la Constitución Provincial

* Por Ricardo Biazzi

Múltiples factores confluyen y repercuten en la conformación un clima social propicio para la consolidación de un sistema democrático. El proceso electoral que transitamos es, en sí mismo, uno de ellos. Inmersos en los últimos tramos de la actividad preelectoral, con miras puestas en la renovación parcial de nuestros organismos legislativos (nacional y provincial), los misioneros vemos lanzar desde las distintas corrientes políticas, innúmeros mensajes y propuestas ( plataformas y candidaturas) a una ciudadanía que pareciera empero, y quizás por las prolongadas ausencias del escenario político al que fue sometido el Poder Legislativo en nuestro pasado institucional poco atenta a la real significación y trascendencia de toda renovación parlamentaria.
En tal sentido no será ocioso, entonces, más allá del marco en el que los actores planteen la disputa electoral, rescatar cual ha sido el rol que el constituyente misionero le ha asignado a este poder político por excelencia para que cumpla cabalmente con su cometido. Todos sabemos que el poder de autodeterminación constitucional reconocido a los estados provinciales como consecuencia del régimen federal consagrado por la Ley Fundamental de la República ha permitido que Misiones, desde su provincialización, haya dictado sus propias constituciones. La primera en 1954 y la segunda en 1958 que rige en nuestros días.
De igual modo sabemos acerca de la vital importancia de la Constitución como acto fundacional de una comunidad política. En ella se asienta el ordenamiento jurídico- político medular de una sociedad y las concepciones y creencias básicas que la inspiran.
No podemos olvidar tampoco que en su etapa constituyente. Misiones se incorpora a la tendencia predominante en los estados modernos de post guerra y que a través del llamado “constitucionalismo social” ha ido introduciendo innovaciones significativas en los textos constitucionales a los que incorporaron mediante una nueva técnica jurídica, cláusulas de carácter programático definidoras de metas sociales y económicas y un rol revitalizador de las actividades estatales en la búsqueda de objetivos más solidarios y de justicia colectiva, olvidados por las viejas constituciones liberales del siglo pasado.
Constitucionalismo social que ha tenido la virtud de revertir la visión atemporal e individualista enaltecida por constitucionalismo tradicional.
Bajo aquella inspiración, la Constitución de nuestra provincia consagra el campo de los derechos sociales; impone la creación de fuentes de trabajo y el aseguramiento de condiciones económicas, morales y culturales para la existencia digna del trabajador.
Impone, además, la sanción de leyes de protección integral de la familia y de amparo a la maternidad, minoridad, incapacidad y ancianidad de quienes carecen de familia.
Se establece la función social de los profesionales del arte de curar. Se auspicia el fomento del turismo en todos sus aspectos, procurando ponerlo al alcance de los habitantes de la provincia, particularmente de los empleados, obreros y escolares.
Por su peculiar enfoque, la Constitución de Misiones produce una limitación respecto a la propiedad privada, al asignarle el cumplimiento de una función social.
Propicia leyes dirigidas a instaurar una reforma agraria que permita al hombre su acceso a la tierra. Fija el interés en la promoción de planes de colonización de latifundios que no cumplan la función social de la propiedad. Incorpora el concepto de planificación y consagra un nuevo tipo de participación sectorial al dar cabida a cuerpos intermedios (trabajadores, consumidores, productores) en la formulación de planes de desarrollo. Obliga al Estado Provincial a regular y controlar los sistemas de crédito y a reprimir el interés usurario.
Determina una orientación impositiva y destinada a gravar más intensamente los artículos superfluos o suntuarios y a desgravar paulatinamente los consumos esenciales de la población. Pero con justicia podríamos preguntarnos, ¿qué eficacia o viabilidad ha tenido históricamente este modelo constitucional?. En verdad, la degradante distorsión del federalismo y el último medio siglo argentino caracterizado por quiebras institucionales a través de constantes inclusiones del poder militar sobre los gobiernos constitucionales han obrado como vallas insalvables para intentar materializar y consolidar el modelo propuesto por el constituyente en 1958.
Hoy, en pleno estado democrático – aun reconociendo la frustrante herencia económica que condiciona el presente- vendrá bien entonces, reiterar que aquellas cláusulas programáticas enunciadas en el texto constitucional siguen vigentes y reflejan las aspiraciones sociales, los valores y planes que la comunidad misionera se asignó a sí misma. Y lo que es más importante, dichas cláusulas poseen fuerzas preceptivas respecto a los gobernantes y representan pautas constitucionalizadas de las que surgen los objetivos para quienes, en nombre del pueblo de la provincia, asumen la misión de legislar. Es fácil advertir, en este contexto, la tarea trascendente de la responsabilidad que la propia Constitución delega en nuestros legisladores como ejecutores del plan propuesto, mediante la creación normativa que permita la materialización de esas grandes metas socio-económicas trazadas. Pone en sus manos no sólo la labor de legislación tradicional y de contralor político característicos de todo parlamento. Le reclama, además, leyes que aseguren y garanticen el efectivo ejercicio de los derechos sociales y de las cláusulas económicas que dan perfil propio a un plan constitucional que aspira a una estructura social más justa en la que todos y cada uno de sus miembros participen equitativamente de los bienes en ella producidos.

(*) El doctor Ricardo Biazzi, es abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) (Publicado en El Territorio el 13/10/1985)

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