El Poder Judicial frente a la Reforma Constitucional, un debate inexcusable

Introducción

Como en toda cuestión trascendental para la sociedad en su conjunto –y la materia constitucional sin duda lo es- he considerado muy saludable que se haya iniciado un debate profundo que nos lleve a reflexionar, libre y desprejuiciadamente, sobre el modelo constitucional que rige hasta el presente en nuestro país y al que, personalmente, considero totalmente agotado.
La Constitución Nacional no es, ni mucho menos, un modelo político acabado e intocable para sus destinatarios. En tal sentido, creo que existe asentimiento mayoritario dentro de los sectores progresistas de la vida política argentina acerca de la conveniencia de la reforma. Son pocos ya quienes niegan la necesidad de efectuar una profunda modificación al texto de la Constitución Nacional, inspirado en la doctrina del liberalismo clásico y al servicio de los intereses económicos dominantes durante el siglo pasado y buena parte del presente.
No existe, en cambio, igual consenso respecto a la oportunidad para la reforma. Se señala que no es este el momento ideal para tal mutación y con ella se agregaría una cuota de inseguridad a esta convivencia política en democracia aún en caminos de consolidación. En mi opinión, la oportunidad no debería ser desdeñada para la convocatoria al Poder Constituyente de la Nación en tiempos de plena e irrestricta participación de todos los sectores políticos de la República y con la arraigada esperanza que aquella convocatoria traiga aparejada una reforma global del sistema jurídico-político argentino, que responda a las ideas que ha ido generando el pueblo, a sus necesidades y prácticas políticas, en definitiva, a sus intereses.
En orden a los temas centrales de una posible reforma, es lógico que en nuestro ámbito sobresale el referido al Poder Judicial y que sobre ello centremos nuestra reflexión.

Un punto de partida para el análisis:
Hoy hace exactamente un mes que el Consejo para la consolidación de la Democracia puso en manos del Presidente de la República el llamado dictamen preliminar sobre la oportunidad, necesidad y posibles tópicos de una reforma a la Constitución Nacional. Dicho informe -lo compartamos o no, según se verá más adelante- se convierte en un posible punto de referencia para iniciarnos en la consideración del tema que nos interesa.
La metodología empleada por el Consejo para elaborar su propuesta fue instrumentada sobre la base del procedimiento de recolección de antecedentes, opiniones y estudios técnicos, consultando a tal fin a personalidades e instituciones y visitando las capitales de las provincias y otros centros urbanos con miras a recoger la opinión de los medios políticos, sociales y académicos.
Además, se formaron cinco equipos de especialista a los que se les requirió opinión sobre temas nucleares de una eventual reforma constitucional. Uno de esos equipos se ocupó del tema “ Los Poderes del Estado y sus relaciones”. Analizándose allí los regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos; las funciones, en cada caso, del Presidente, del Primer Ministro y del Parlamento; el procedimiento para la sanción de las leyes; la forma de elegir a los distintos órganos del Estado y la duración de sus mandatos y los diferentes aspectos de la composición y funciones del Poder Judicial de la Nación.

En el título dedicado al Poder Judicial, el Consejo para la consolidación de la Democracia propone: I – Designación de los miembros del Poder Judicial:
Mantener el actual sistema de designación de los miembros del Poder Judicial de la Nación – nombramiento a propuesta del Presidente de la República con acuerdo del Senado (artículo 86, inciso 5 C.N.)
En este punto, el Consejo expresa haber tenido en cuenta las críticas dirigidas a tal sistema de designación en el sentido que favorece la politización de la cuestión inherente a la integración de la Justicia al hacerla depender de una propuesta presidencial y de un acuerdo senatorial que pueden estar movidos por consideraciones políticas partidaria.
Tal riesgo queda superado, en la opinión del Consejo, con la única modificación que, sobre el particular, se propone. Esto es, que las sesiones de la comisión es que el Senado presente o deniegue los acuerdos sean públicos. Tanto el Poder Ejecutivo, al proponer el candidato, como el senado al negar o conceder el acuerdo respectivo, tendrán que explicar y defender públicamente los méritos o cuestionamientos dirigidos al candidato. Se conjugará así -se sostiene – el mero favoritismo o el rechazo infundado.
El Consejo en este tema de las designaciones de los miembros del Poder Judicial ha considerado la alternativa de creación del Consejo de la Magistratura (organismo parcialmente integrado por representantes de los tres poderes, que tendría a su cargo el nombramiento de los jueces). Con olvido de la evaluación de experiencias del Derecho Público Provincial (v.g Provincia del Chaco), el Consejo refiere a la experiencia de este método designación en algunos países que, como España, lo han adoptado, con resultados negativos (condujo a un enquistamiento del Poder Judicial, a la consolidación de una suerte de “Establishment” de los jueces, impermeable a razonables sugerencias originadas en las cambiantes necesidades de la sociedad).

II. Remoción de los miembros del Poder Judicial:
Se propicia aquí, mantener el sistema del juicio político (artículos 45 y 51 de la C.N.), sólo con respecto a los miembros de la corte Suprema de Justicia. Pero para los restantes integrantes de la magistratura, la remoción mediante la intervención de jury de enjuiciamiento integrado por magistrados y abogados del foro en la forma y según el procedimiento que determina la ley.
La modificación propiciada encuentra su fundamento en lo engorroso del juicio político que lo muestra inconveniente en su extensión a todos los jueces inferiores y, en la provechosa experiencia de los jurys de enjuiciamiento como alternativa para ellos.

III.- Casación Federal:
El Consejo no propicia la introducción al régimen de casación federal del derecho común toda vez que: a) tal régimen constituye un avance sobre el derecho que ejercen las provincias de aplicar los códigos de fondo ( artículos 67 incisos 11 y 100 C.N.) cuando las cosas o las personas cayeren bajo sus jurisdicciones; b) esa prerrogativa que las provincias han venido ejerciendo desde hace mucho tiempo en virtud de lo prescripto por la Constitución de 1853 no se han traducido en modo alguno en una anarquía jurisprudencial. Los distintos criterios interpretativos obedecen, por lo general, a diferencias locales relevantes; c) en los casos extremos del ejercicio abusivo de la facultad provincial de aplicar el derecho común, traducido en el dictado de fallos caprichosos e irrazonables, la Corte Suprema de la Nación, por vía del recurso extraordinario tiene abierta la posibilidad de eliminar la anomalía.

IV. Estructura de la Corte Suprema:

El Consejo rechaza la hipótesis de dividir la Corte Suprema en Salas autorizada por el artículo 23 del decreto- ley 1285/58 (según Ley 15.271). Recurriendo a Bidegain (“Cuadernos del Curso de Derecho Constitucional” Vl. IV, p. 248); y a Bidart Campos (“El Derecho Constitucional del Poder”, t. II, ps. 223/4) se hace notar que el papel institucional de la Corte así como la autoridad de sus pronunciamientos, ha influido para que nunca utilizara esta facultad y que una división de esa naturaleza podría afectar la jerarquía institucional de sus decisiones. Tal división implicaría que los fallos fueran dictados por una sala y no por el tribunal en pleno y una sala no es la Corte de la Constitución porque sólo la Corte en pleno es el supremo tribunal que la Ley Fundamental ha instituido.

V. Competencia originaria de la Corte Suprema:
El Consejo propone incorporar entre las materias que son de competencia originaria de la Corte (artículo 101 de la C.N.) a los conflictos de competencia que se susciten entre los poderes del Gobierno federal.

VI Jurisdicción de Tribunales Internacionales:
En este controvertido campo, se propone modificar la Constitución para permitir que la Nación pueda, por tratados, aceptar la jurisdicción de tribunales internacionales, citándose a modo de ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos creada por el Pacto de San José de Costa Rica.

VII. Supresión del Juicio por Jurados:
Se aconseja suprimir todas las referencias que hace la Constitución Nacional sobre el tema (artículos 24, 67 inciso 11, in fine y 102). Se sugiere, además, dejar librado el tema a la legislación procesal sin cerrar la posibilidad de adoptar el sistema en el ámbito de los poderes judiciales locales. Ha sido mi intención explicitar en esta primera nota -y a titulo informativo- los temas puestos a consideración de la sociedad por el Consejo para la Consolidación para la Democracia. Ello servirá, como dijera, de marco referencial para la discusión, por una parte y de incentivo para sumergirnos en un debate de alta significación para quiénes estamos vinculados al ámbito judicial, por otra.
La posibilidad de discurrir acerca de todo lo dicho lleva implícito el trascendente desafío de alcanzar definiciones acerca de las políticas globales más adecuadas para el logro de un servicio de justicia mejor.
La independencia del Poder Judicial, su función jurisdiccional, su misión política, su autarquía financiera, su estructura interna (incorporación de avances tecnológicos, la carrera judicial, el perfeccionamiento de los recursos humanos, etc.) son algunos de los temas que debemos ir desgranando e este debate que está abierto. Es, pues, momento oportuno para expresar en forma institucional o personal nuestros respectivos puntos de vista. Comencemos a hacerlo.

Dr. Ricardo R. Biazzi

Publicado en la Revista Justicia (Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial) 1987

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