De Trelew a Misiones

Posadas. En pleno verano, a los marinos responsables de la Masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972, les está llegando el invierno. Uno de ellos es el ex capitán de navío (R), Rubén Norberto Paccagnini (81), quién era el jefe de la Base Almirante Zar en 1972, en el momento de los asesinatos. Declaró el jueves y dijo que no participó de los fusilamientos de los 19 presos, e insistió en que se trató de un intento de rebelión. El primer marino indagado por la masacre afirmó: “No escuché los disparos producidos”, aún cuando ocurrieron a 200 metros de su habitación. Y repetió la versión oficial publicitada por la Armada y el Gobierno de Alejandro Lanusse hace 35 años.
También declararon el capitán de fragata (R) Emilio Jorge del Real, y su camarada Luis Emilio Sosa. El más célebre fusilador que se conocido de la Armada, fue trasladado Rawson y quedó detenido en la comisaría de Playa Unión, custodiado por la policía de Chubut. Sosa negó todos los cargos en su contra, aunque reconoció haber estado en lugar del hecho, e identificó a los marinos que realizaron los disparos. A uno de los que señaló fue a Del Real. También dijo que quienes dispararon fueron “los oficiales Del Real y Morandino y un suboficial de apellido Marchand”, que no fue citado por la Justicia.
Mientras que Paccagnini fue detenido hace una semana; declaró durante cinco horas en Rawson ante el juez federal Hugo Sastre. Se mostró lúcido para los 81 años que carga; pero casi no se movió del relato oficial. Negó haber estado de licencia el 22 de agosto. Contó que dormía en la casa asignada al jefe de la Base, cuando recibió un llamado de la guardia con la noticia. Pese a los escasos 200 metros que separaban su habitación del pasillo de la masacre, aseguró que no escuchó un solo disparo. “Las paredes de los calabozos son gruesas”, explicó.

Gobernador del proceso
En 1978, el ex capitán de navío (R), Rubén Norberto Paccagnini fue el gobernador defacto de Misiones, y durante los años 80 se creó la Comisión de Defensa de los Legítimos Intereses de Misiones (Codelim) como corolario de una reunión multisectorial realizada justamente, el 30 de octubre de 1980. “En ese año, aprovechando hábilmente la áspera relación interfuerzas armadas, un grupo de ciudadanos misioneros alumbró una esperanza de recuperación democrática para Misiones y el país. Esa esperanza se robusteció y al cabo de dos años emergió la Codelim”, recordó en una columna de opinión el periodista Carlos Correa.
Durante la dictadura, a la Marina le habían adjudicado Misiones en la distribución de espacios de poder planificada. Un marino era reemplazado por otro y la provincia tuvo cuatro en total, todos capitanes de navío. El último fue el capitán Paccagnini, quien asumió el 6 de diciembre de 1978. Fue entonces que apareció la posibilidad de reemplazar no sólo a Paccagini, sino terminar al mismo tiempo con el dominio de la Marina en Misiones.
El 13 de noviembre del 80, el pensamiento de la Codelim quedó plasmado en un documento dirigido al pueblo argentino y a las Fuerzas Armadas, que vio la luz en una “solicitada”. Lo respaldaron con su firma ciudadanos de Posadas y de otros puntos de la provincia. A todos ellos, el gobierno dictatorial los denunció por desacato (vieja figura con la que se justificaba cualquier exceso del poder de turno y derogada durante la presidencia de Carlos Menem).
Paradójicamente, la tremenda presión ejercida para desalentar el brote de protesta alimentó una reacción inversa a la esperada por Paccagnini. La gente empezó a ver cada vez con más simpatía a la Codelim y sus integrantes. La denuncia por desacato contra los firmantes de la “solicitada”, no prosperó, al ser rechazada por el entonces juez penal Ricardo Biazzi, y en marzo del 81, fue reemplazado Paccagnini (quien aspiraba a una extensión de su mandato de facto), inclusive la Marina fue sustituida por el Ejército, y asumió el general Bayón.
El periodista Alberto Mónaca recordó en una artículo escrito publicado por Crisol en febrero de 1991 que “… en lugar de acusar a los firmantes por calumnia y difamación por las acusaciones publicadas, se hizo una presentación ante la Justicia para que todos lo que suscribimos ese histórico documento fuéramos juzgados por desacato. Un fiscal no se animó a pronunciarse y bajo presión del régimen renunció a su cargo, la causa pasó al Juzgado de Eldorado, cuyo fiscal se expidió por la detención masiva de los firmantes, trasladando el expediente al titular del Juzgado en lo Penal 4, Ricardo Biazzi. El fiscal era Julio Cabral, que al retorno de la democracia, sin que nadie le pidiera, renunció y se alejó de la provincia. Biazzi, compenetrado de su misión y responsabilidad, sostuvo en un fallo la delicada misión de juzgar, dificultad de que se agudiza en mayor grado cuando, como en autos, la cuestión jurídica está inserta en el marco de connotaciones públicas y notorias cuya trascendencia e implicancias, exceden, con creces, el campo del derecho; pero a renglón seguido advertía que esas situaciones “pueden serenar riesgos para el juzgador de verse implicado en la tendencias y pasiones del momento y limitado por las presiones que sobre su espíritu, ellas pueden desatar poniéndolo así en peligro la independencia del Poder Judicial”.
El ahora diputado provincial, Ricardo Biazzi, decía que “debe evitarse tal amenaza y dejando de lado todo otro recurso, por fácil que éste aparezca, se debe juzgar conforme a derecho y resolver jurídicamente la controversia llegada a decisión”. Citando a Sebastián Soler (quien entre sus antecedentes expresó que el abuso de imputación de desacato con fines políticos, hacen necesaria una reforma del texto legal. La Ley 13.569 que lo reformó fue la máxima expresión del propósito de servirse de imputaciones de desacato para perseguir a la prensa y a la oratoria opositora), el entonces juez Biazzi hizo hincapié en que “el desacato por parte de la prensa es una peligrosa creación política reaccionaria, derogatoria del artículo III del Código Penal, que tiene un claro sentido de liberar de pena al que dice la verdad sobre un funcionario incorrecto. Si el gobernador de la provincia, o sus ministros u otros funcionarios se sintieran agraviados, podrían recurrir a la querella criminal por injurias”. Ese fallo de Biazzi constituyó un precedente muy valioso en la Justicia y tuvo una gran repercusión, no sólo en Misiones sino en el resto del país, por tratarse de un alegato que reafirmaba, a pesar del régimen dictatorial, la independencia del Poder Judicial. (Publicado en La Capital del Nordeste, el 17/02/2008)

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